La semana pasada el Gobierno de El Salvador lanzó el proyecto Aldea. El Proyecto es una intervención pública orientada a mejorar el empleo y productividad rural mediante tres palancas: formación, inserción laboral y emprendimiento. Financiado con $150 millones del Banco Mundial y con ejecución hasta 2028, el programa articula a ADDN, MINEC, INCAF, CONAMYPE y BANDESAL para alinear capacitación, financiamiento y desarrollo productivo.
La focalización en jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y migrantes retornados responde a restricciones estructurales de acceso al mercado laboral. La oferta —formación certificada en sectores con demanda, subsidios temporales a la contratación y apoyo a emprendimientos— busca reducir fricciones de entrada al empleo formal y elevar la capacidad productiva local. La inclusión de criterios de cuidado en la priorización de mujeres reconoce el peso del trabajo no remunerado como barrera de participación.
Las brechas estructurales que intenta corregir
La pertinencia de ALDEA se entiende a partir del contexto MYPE. Aunque estas empresas representan cerca del 99% del parque empresarial, operan con limitaciones persistentes en capital humano, digitalización y tiempo productivo.
El Informe Anual 2025 del Observatorio MYPE muestra un rezago educativo extendido: 10% del empresariado sin estudios y 32.7% con escolaridad hasta sexto grado. En el sector agropecuario, el 45.2% no tiene estudios o solo primaria. Este perfil condiciona la adopción tecnológica: 52.1% de empresarios con baja escolaridad no usa herramientas digitales, frente a 20.5% entre quienes tienen educación universitaria. La relación educación–digitalización sugiere impactos directos sobre productividad y acceso a mercados.
La brecha de género añade una segunda restricción. Mientras el 55.2% de los hombres ha logrado cursar algún grado de bachillerato o educación superior, esta proporción desciende a 38.1% en el caso de las mujeres y el 32% del empresariado realiza trabajo de cuidado no remunerado, reduciendo en promedio 4.1 horas diarias disponibles para el negocio. Esta restricción de tiempo limita tanto la producción como la posibilidad de capacitarse o insertarse en empleo formal, lo que justifica la incorporación de componentes de cuidado en el diseño del programa.
En inclusión, el Censo 2024 reporta que en algunos departamentos hasta 5.9% de la población presenta limitaciones permanentes, afectando participación laboral y organización de los hogares.
En conjunto, el diagnóstico apunta a fallas estructurales: baja acumulación de capital humano, limitada digitalización, asignación ineficiente del tiempo y barreras de inclusión. ALDEA intenta abordarlas de forma combinada mediante formación pertinente, incentivos a la contratación y apoyo productivo con enfoque territorial.
Inscripción abierta
El proceso de inscripción está habilitado. Requisitos y aplicación en: www.aldea.sv
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