En El Salvador, una MYPE que necesita financiamiento para instalar paneles solares o modernizar su proceso productivo tiene pocas opciones formales. Las que existen suelen requerir historial crediticio, garantías reales y plazos de trámite que no se alinean con la lógica operativa del sector. Por eso, cuando un programa logra colocar $28.3 millones en 96 operaciones orientadas a la sostenibilidad productiva durante una década, el resultado merece análisis más allá del acto de cierre.
La Iniciativa Mipymes Verdes II, impulsada por el BCIE, el banco alemán KfW y la Unión Europea, y ejecutada a través de cuatro intermediarios financieros salvadoreños, concluyó en 2025 con ese balance. El contexto en que operó no fue sencillo: durante la pandemia, el 80% de las microempresas suspendió operaciones y alrededor del 20% cerró definitivamente, según datos de CONAMYPE. El programa respondió orientando el 59% de sus recursos a la recuperación de empresas afectadas, y el 41% restante a inversiones ambientales — eficiencia energética y tecnologías limpias, principalmente.
Esos porcentajes hablan de una tensión que el programa no ignoró: en contextos de crisis, la urgencia del capital de trabajo compite directamente con la inversión verde. Que el programa haya sostenido casi la mitad de sus colocaciones en la agenda ambiental, aún en un periodo de recuperación, es un dato relevante para quienes diseñan instrumentos financieros con doble mandato.
El impacto directo incluyó la creación de 2,006 empleos y el acceso al crédito de empresas sin historial previo, facilitado parcialmente por más de $117,000 destinados al fortalecimiento de esquemas de garantía. Más de 1,400 personas recibieron capacitación técnica en gestión ambiental y eficiencia energética.
Sin embargo, el alcance del programa debe leerse frente a la escala del déficit que enfrenta el sector. El informe El Estado de la MYPE 2025 estima que las MYPE salvadoreñas recurren al crédito informal — en muchos casos asociado a prácticas de usura — por un monto equivalente a $1,251.5 millones, el 3.6% del PIB. Noventa y seis subpréstamos en una década no resuelven esa ecuación. Tampoco era ese su propósito. Pero sí confirman que los modelos de crédito verde con componente de asistencia técnica y garantías pueden moverse donde la banca convencional no llega — si existe voluntad institucional de sostenerlos.
La experiencia de la Iniciativa Mipymes Verdes II ha confirmado la viabilidad de un modelo de financiamiento con doble mandato. Esto establece la oportunidad estratégica de asegurar su continuidad, un paso fundamental para seguir fortaleciendo el sector MYPE, que es crucial para la economía.
La lección de Mipymes Verdes II no es solo que el crédito verde es posible. Es que la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica del sector no son objetivos en tensión — son condiciones que se refuerzan mutuamente, cuando el instrumento está bien diseñado y los intermediarios están bien orientados. El ecosistema financiero salvadoreño tiene esa referencia. Lo que queda es buscar formas para que este modelo, el legado del proyecto, gane escalabilidad e impacto.