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Envejecer trabajando: el microemprendimiento como pensión informal en El Salvador

escrito por PaísMYPE
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Dos adultos mayores atienden carrito de venta de bebidas en comunidad de El Salvador, ejemplo de microemprendimiento y economía informal rural

Francisca y Saúl, emprendiendo en la vejez

En la Barra de Santiago, Ahuachapán, un carrito improvisado recorre las calles cada mañana. Lo empujan Francisca Viana, de 71 años, y Saúl Arévalo, de 74. Son esposos y, desde hace décadas, también socios. Hoy venden atoles tradicionales a sus vecinos. Antes vendían tortillas durante veinte años. Lo que tienen en común ambos negocios es lo que tienen en común la mayoría de adultos mayores que trabajan en el país: no es una opción entre varias, es la única que quedó.

Su historia ilustra un fenómeno estructural. En El Salvador, el 22.9% de las personas mayores de 60 años sigue trabajando o buscando empleo, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2025). De ese grupo, seis de cada diez lo hacen en el sector MYPE, principalmente en micro emprendimientos de subsistencia: ventas ambulantes, tiendas de barrio, servicios personales. No dependen de un empleador. Gestionan, ellos mismos, una unidad económica de pequeña escala que funciona como su única fuente de ingreso.

Para entender por qué tantos adultos mayores siguen trabajando, hay que mirar su vida productiva y laboral. Datos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP, 2025) muestran que cerca del 70% de los trabajadores en El Salvador no cotiza al sistema previsional. Esto significa que dos de cada tres salvadoreños llegan a la vejez sin un ingreso garantizado.

22%


de las personas mayores de 60 años sigue trabajando o buscando empleo.
Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2025)

La razón de esa baja cobertura es conocida: la informalidad laboral. El sector MYPE concentra cerca del 70% del empleo nacional, y una parte sustancial de ese empleo opera al margen de los registros formales. La microempresa en particular, raras veces inscribe a sus trabajadores —y muchas veces ni siquiera al titular— en el sistema de pensiones. El resultado es una transición a la vejez sin red.

A esa carencia previsional se suma una deuda educativa acumulada. Entre los adultos mayores actuales, el 27.1% no aprobó ningún grado académico y un 22.9% adicional cursó entre uno y tres años de escolaridad. Cinco décadas atrás, esos vacíos determinaron a qué tipo de empleo podían acceder; hoy determinan qué tipo de microemprendimiento pueden sostener. La trayectoria, en la mayoría de los casos, fue la misma: oficio aprendido en la práctica e ingresos generados al margen del sistema formal. 

No todos los microemprendimientos son iguales

Hablar de «microemprendimientos de adultos mayores» como un bloque homogéneo es un error de diagnóstico. El Observatorio MYPE distingue al menos cuatro segmentos dentro del sector: subsistencia, acumulación simple, acumulación ampliada y expansión. Cada uno tiene lógicas, necesidades y requiere de políticas distintas.

El microemprendimiento de Francisca y Saúl pertenece al primer segmento —subsistencia— y es allí donde se concentra la enorme mayoría de los emprendedores mayores de 60 años. Son negocios que generan ingresos suficientes para el día a día, pero rara vez para acumular capital, contratar a terceros o invertir en escala. Su función económica es estabilizar el consumo del hogar, no expandirlo.

La distinción importa porque cambia el tipo de respuesta pública que tiene sentido. Un programa de aceleración empresarial pensado para microempresas en transición a acumulación no resuelve la situación de un emprendedor de 74 años cuya prioridad es sostener un ingreso básico, no escalar el negocio. Aquí se requiere una combinación de mecanismos de mejor acceso a la red de seguridad social con instrumentos de generación de ingresos básicos.

Lo que el dato sectorial agrega al diagnóstico

Los microemprendimientos no son actores marginales del aparato productivo. Los emprendimientos liderados por adultos mayores cumplen un rol económico que va más allá de la subsistencia individual. Sostienen circuitos de consumo de proximidad en barrios y comunidades pequeñas, donde no hay otra oferta de bienes y servicios. Activan ingresos en hogares multigeneracionales —el carrito de Francisca y Saúl no solo los sostiene a ellos— y mantienen vivos oficios que serían difíciles de recuperar si se perdieran. Reconocer este aporte no es romantizar la pobreza: es leer correctamente lo que el dato muestra.

Lo que el mismo dato obliga a no ocultar

Documentar el aporte económico de estos microemprendimientos no exime de mirar sus límites. La permanencia laboral después de los 60 años coexiste, en buena parte de los casos, con tres carencias acumuladas: ausencia de cobertura previsional, baja escolaridad y trayectorias mayoritariamente informales. El microemprendimiento es la respuesta que estos adultos mayores construyeron ante esas carencias, no la solución a ellas.

La realidad ha demostrado que este microemprendimiento —parte integral de la denominada ‘economía plateada’— tiene un ángulo social positivo: al generar ingresos activos, contribuye a disminuir la presión fiscal sobre el Estado que conlleva el creciente número de adultos mayores sin pensión. Pero el emprendimiento no resuelve el problema por sí solo. Persiste el desafío de encontrar una fórmula de política pública que potencie este mecanismo no solo como una válvula de escape forzada, sino que lo integre estratégicamente con programas de protección social para  preservar la autonomía económica y la dignidad de esta población.

Una respuesta de política pública que articule, no que sustituya

El microemprendimiento de adultos mayores adecuadamente integrado con  la protección social puede ser un mecanismo que ayude a enfrentar la creciente demanda de esta población. Debe articular tres niveles de respuesta que hoy operan mayormente de manera fragmentada o son muy incipientes.

Primero, instrumentos financieros diseñados para el segmento. Los productos crediticios convencionales raras veces prestan a personas mayores de 50 años sin garantías formales. Los programas de microfinanciamiento que  han permitido que  Francisca y Saúl invertir en su negocio de atoles, son un ejemplo de cobertura para un segmento que el sistema bancario formal no atiende. Escalar este tipo de programas enfrentado los inhibidores al adecuado funcionamiento del mercado del microfinanciamiento puede ser un camino efectivo.

Segundo, acompañamiento técnico adaptado a la edad y a la trayectoria. El financiamiento por sí solo no construye sostenibilidad.  Iniciativas como la Escuela LID y el proyecto Crecenta, este último con el respaldo financiero del BID, ejecutan modelos de intervención para mayores de 50 años. Estos programas integran capacitación, asesoría técnica y acompañamiento continuo, partiendo de la convicción de que la experiencia acumulada por estas personas requiere ser canalizada a través de herramientas de gestión modernas para transformarse en una actividad plenamente productiva durante esta etapa de la vida. Programas como estos pensados específicamente para microempresarios mayores, son hoy la excepción. Deberían ser parte de la oferta estándar y de las instituciones de apoyo al sector.

Tercero, una pensión no contributiva de cobertura efectiva. El microemprendimiento de subsistencia no puede ni debe ser el único ingreso de un adulto mayor sin historial cotizante. La discusión sobre el alcance, la suficiencia y el financiamiento de un piso de protección social no contributiva no puede seguir postergándose en El Salvador. Es una que ningún programa de fomento empresarial, por bien diseñado que esté, puede sustituir.

El desafío por delante 

La resiliencia demostrada por emprendedores como Francisca y Saúl, quienes a sus 70 años mantienen su actividad económica y sirven a su comunidad, subraya una capacidad de adaptación invaluable y muestra un ángulo social positivo del emprendimiento. Sin embargo, esta realidad también confronta al país con la imperiosa necesidad de saldar una deuda social acumulada.  Lograr como país desarrollar una política de envejecimiento digno es un desafío monumental.

El objetivo central de la política pública debe ser la construcción de un ecosistema que garantice al adulto mayor opciones entre la actividad laboral y el descanso, asegurando en ambos escenarios un ingreso sostenible y suficiente que preserve su autonomía, bienestar y dignidad.

Fuentes: EHPM 2025 (BCR-DIGESTYC), FIAP 2025, Observatorio MYPE. Las cifras del sector MYPE corresponden a la base de datos del Observatorio.

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