En El Salvador, el debate sobre desarrollo productivo gira casi siempre en torno al financiamiento: cuánto crédito llega al sector MYPE, a qué tasa, con qué garantías. Es una conversación necesaria. Pero hay una variable que determina tanto o más la capacidad de un emprendedor para generar ingresos, tomar decisiones financieras y sostener su negocio en el tiempo, y que casi nunca aparece en esa conversación: el nivel de escolaridad del emprendedor.
Un análisis cruzado entre la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 (EHPM 2025) y la segmentación del sector elaborada por el Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI es preciso: cada grado escolar aprobado representa, en promedio, $12.66 adicionales al mes para el microempresario. No es una estimación teórica. Es el retorno medido sobre emprendedores reales del sector. Completar seis grados puede significar cerca de $80 más al mes — la diferencia entre recomprar inventario a tiempo o recurrir a un prestamista informal.
La brecha es aún más reveladora cuando se observa por extremos. Un microempresario de subsistencia con bajo nivel de escolaridad genera ingresos promedio de $252.11 mensuales. Quien alcanza un nivel de escolaridad equivalente a nueve años de estudio llega a $366.01. Son $113 de diferencia mensual — más de un salario mínimo diario — que no provienen de un crédito ni de una capacitación técnica, sino de contar con un mayor nivel de escolaridad.
El retorno ocurre precisamente donde más se necesita
El hallazgo más relevante no es el promedio. Es dónde ocurre el mayor retorno. La evidencia del cruce EHPM 2025–Observatorio MYPE indica que el impacto económico del nivel de escolaridad es especialmente alto en los primeros ciclos educativos: cada grado en el primer ciclo puede representar hasta $16 adicionales al mes. Esto tiene implicaciones directas para la política pública. El segmento que más gana con educación básica es exactamente el que enfrenta mayor vulnerabilidad: la microempresa de subsistencia, donde operan 613,509 unidades económicas, donde las mujeres representan más del 68.8% del total, y donde el 37.5% de los propietarios completó hasta sexto grado.
Dicho de otro modo: la inversión pública en alfabetización y educación básica para adultos no es un programa social desconectado del tejido productivo. Es una intervención con retorno económico medible en el segmento más numeroso del parque empresarial salvadoreño.
El nivel de escolaridad cambia la forma de gestionar, no solo los ingresos
El efecto no se limita al ingreso mensual inmediato. Un emprendedor con mayor nivel de escolaridad comprende con más facilidad los costos de operación, compara precios, negocia con proveedores y adopta herramientas básicas de gestión. En un entorno donde miles de microempresas operan con márgenes mínimos, esa capacidad no es un complemento opcional: es la diferencia entre sostener el negocio o cerrar en el primer trimestre difícil.
También hay un vínculo directo con el crédito formal. El incremento de ingresos asociado a un mayor nivel de escolaridad puede representar, para muchos microempresarios de subsistencia, el margen necesario para asumir un microcrédito sin comprometer el consumo del hogar. La exclusión financiera y la baja escolaridad no son fenómenos paralelos: se refuerzan mutuamente.
La evidencia internacional respalda la dirección. El Banco Mundial documenta que cada año adicional de educación incrementa los ingresos entre 8% y 10% en América Latina. Estudios en Perú, México y Bangladesh confirman que los microempresarios con educación básica completa presentan tasas de supervivencia empresarial más altas y mayor adopción de prácticas financieras. El retorno educativo no desaparece en la informalidad — en algunos casos, se vuelve más determinante.
Necesidad de mayor convergencia en la política pública
A pesar de esta evidencia, las agendas de educación y emprendimiento parecen seguir operando en silos separados. Los programas educativos se diseñan sin considerar su impacto productivo. Los programas de apoyo MYPE entregan crédito o asistencia técnica a emprendedores cuya capacidad de absorber y aplicar ese apoyo está condicionada, en parte, por su nivel de escolaridad. El resultado es predecible: intervenciones que no llegan a su potencial porque no atacan las causas de fondo.
Un enfoque integrado exige conectar estas agendas de manera explícita: programas de alfabetización y segunda educación para adultos vinculados al emprendimiento; educación financiera incorporada desde los primeros ciclos; esquemas de microcrédito que incluyan formación básica como componente del producto, no como opcional; y métricas de política pública que midan el retorno del nivel de escolaridad en la productividad del sector MYPE, no solo en la matrícula escolar.
La pobreza no se reduce solo transfiriendo recursos. También — y los datos del cruce EHPM 2025 – Observatorio MYPE lo confirman — se combate garantizando que quienes reciben esos recursos tengan las herramientas para usarlos bien. Al integrar mejor las agendas de educación y emprendimiento, El Salvador podrá maximizar su impacto para impulsar el desarrollo del sector MYPE y la mejora de calidad del segmento de mayor pobreza en el país.
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