El sector de la micro y pequeña empresa (MYPE) continúa siendo uno de los pilares más importantes de la economía salvadoreña. Representa el 99.6% del parque empresarial del país, genera empleo para 7 de cada 10 personas económicamente activas y aporta, en promedio, el 48.8% del Producto Interno Bruto (PIB), superando incluso el peso de las remesas familiares.
En este contexto, mantener actualizado el marco regulatorio que rige al sector no es solo necesario, sino estratégico. La reciente reforma a la Ley MYPE llega en un momento particularmente relevante: el sector muestra señales de recuperación y un renovado ánimo empresarial que podría traducirse en mayor dinamismo económico si se acompaña con políticas y herramientas adecuadas.
De hecho, el segundo semestre de 2025 registró el nivel más alto de confianza empresarial desde que se inició la medición en 2020, con un puntaje promedio de 42.6. A esto se suma un saldo neto de situación de 32.5 puntos, reflejando una mejora en el desempeño de los negocios respecto a años anteriores. Este escenario abre una ventana de oportunidad para fortalecer al sector y potenciar su crecimiento.
¿Qué cambia con la reforma a la Ley MYPE?
La propuesta de reforma tiene un alcance amplio: 20 artículos reformados y 11 artículos derogados, lo que representa cambios en aproximadamente 47% del marco legal vigente. La reforma introduce ajustes relevantes que buscan responder a las condiciones reales en las que operan las micro y pequeñas empresas. Más que cambios aislados, se trata de una reconfiguración del rol de las instituciones, el territorio y el sistema financiero en el desarrollo del sector.
1. Un rol más fuerte para CONAMYPE
Uno de los cambios centrales es el fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), reconociendo su papel estratégico como ente rector del sector.
Este fortalecimiento cobra especial relevancia si se considera que la MYPE sostiene a la mayoría de la fuerza laboral del país. Dotar a CONAMYPE de mayores capacidades puede traducirse en políticas más efectivas, mejor articulación institucional y una atención más cercana a las necesidades reales de los empresarios.
2. Mayor protagonismo de los gobiernos municipales
La reforma también reconoce el carácter territorial de la MYPE. De acuerdo con datos del Observatorio MYPE, más de la mitad de estas empresas (51.3%) operan en el mismo barrio o cantón donde residen sus propietarios, lo que evidencia su impacto directo en las economías locales.
En este sentido, la reforma establece que “se establecerán comités departamentales y municipales para la coordinación del desarrollo de la MYPE…”, incorporando de forma explícita a los gobiernos municipales en la estructura de apoyo al sector. Este ajuste no es menor: traslada parte de la articulación institucional al ámbito local, donde realmente operan las empresas.
Con ello, se abre la posibilidad de fortalecer el desarrollo económico territorial, acercando los servicios, programas y procesos de decisión a las dinámicas reales de los negocios.
3. Inclusión financiera como tarea del sistema financiero
Otro eje clave es la inclusión financiera. Anteriormente, la reforma establece que: “La banca estatal promoverá el acceso de las MYPE al crédito y otras fuentes de financiamiento, mediante…”. Con el cambio en la ley, la reforma abre la puerta a que el sistema financiero asuma un rol más activo en la atención de la MYPE: “El sector financiero de conformidad con la legislación que promueve la inclusión financiera, deberá establecer servicios financieros, no financieros y de desarrollo de mercado de capitales, que respondan a las necesidades de las MYPE…”, algo relevante para un sector que históricamente ha enfrentado barreras de acceso al crédito.
Los datos del Observatorio MYPE reflejan que el 53.5% de los empresarios se autoexcluye de la banca formal al considerar que no cumple con los requisitos, mientras que el 41% de los microempresarios en situación de endeudamiento señala la necesidad de flexibilizar condiciones para poder reincorporarse.
Esto plantea una oportunidad clara para rediseñar productos financieros más adecuados a las características del sector, reduciendo la informalidad y ampliando el acceso a financiamiento.
4. Una nueva mirada a la clasificación de las MYPE
La reforma también introduce cambios en la forma en que se clasifica a las MYPE, reconociendo —al menos parcialmente— la diversidad interna del sector.
Aunque simplificar categorías puede facilitar la gestión de políticas públicas, es importante no perder de vista la heterogeneidad existente. Actualmente, el 67.9% de las MYPE se encuentra en condiciones de subsistencia, pero también existe un 13.9% en acumulación simple y un 6.8% en etapa de expansión, cada uno con necesidades y capacidades distintas.
Este reconocimiento es clave para diseñar programas diferenciados que respondan a las distintas etapas de desarrollo empresarial.
5. Impulso a la innovación y sostenibilidad desde FECAMYPE
La reforma también redefine el enfoque del Fondo de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (FECAMYPE), un instrumento clave de financiamiento para el sector, orientándose hacia la innovación y la sostenibilidad.
Antes, su orientación era más general: “El fondo tendrá como objeto apoyar el desarrollo de las MYPE…” Con la reforma, se establece una dirección más específica: “El fondo tendrá como objeto apoyar el desarrollo de las MYPE mediante financiamiento orientado a la innovación, sostenibilidad y fortalecimiento empresarial…”
Aunque el uso de herramientas digitales es alto en términos básicos —por ejemplo, el 82.9% de las MYPE utiliza WhatsApp—, la digitalización profunda sigue siendo limitada: el 45.8% no ha digitalizado ningún proceso administrativo interno. A esto se suma la vulnerabilidad frente a riesgos ambientales: el 37.6% de las empresas enfrentaría eventos climáticos únicamente con ahorros básicos.
En este contexto, reorientar el financiamiento hacia la adopción de tecnologías, la mejora de procesos y la sostenibilidad ambiental puede incentivar transformaciones más profundas en el sector, fortaleciendo tanto su productividad como su capacidad de adaptación.
6. Pagos oportunos del Estado
Finalmente, la reforma aborda los pagos del Estado a las MYPE. Los retrasos en estos pagos pueden afectar directamente el capital de trabajo de las empresas, limitando su operación y crecimiento. Establecer mecanismos que garanticen mayor puntualidad puede aliviar esta presión.
No obstante, el desafío estará en equilibrar esta obligación sin generar efectos adversos, como una posible reducción en la contratación de MYPE por parte del sector público ante el temor de incumplimientos.
Una reforma cuyo impacto dependerá de su implementación
La reforma a la Ley MYPE llega en un momento en que el sector muestra optimismo que puede traducirse en dinamismo económico. Sin embargo, más allá del contenido de la ley, su verdadero impacto dependerá de cómo se implemente.
El reto no es solo normativo, sino operativo: que las instituciones, el sistema financiero y los gobiernos locales logren traducir estos cambios en oportunidades reales para las micro y pequeñas empresas. Actualizar el marco regulatorio es un paso importante. Convertirlo en resultados concretos para el sector será, sin duda, el siguiente gran desafío.
Cuadro resumen de los principales cambios
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