Don Anselmo —nombre protegido— tiene una pequeña librería en la zona norte de San Salvador. En 2016, el Ministerio de Educación lo contrató como proveedor de paquetes escolares. Entregó los útiles en febrero. Un año después, seguía esperando el pago. Sin liquidez para reponer inventario, cayó en mora con dos bancos. Su presión arterial se descontroló. Su familia le pidió que abandonara el programa. La historia, documentada por El Diario de Hoy, no es excepcional: es representativa de una asimetría que la reciente reforma a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa —aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 2026— se propone corregir.
El sector MYPE salvadoreño representa el 99.6% del total de empresas y el 89.5% de los patronos formales activos, según CONAMYPE. Genera alrededor del 70% del empleo nacional. Sin embargo, enfrenta tres asimetrías persistentes: un Estado que contrata a las MYPE, pero no siempre les paga a tiempo; un marco de formalización que exige lo mismo a una microempresa de subsistencia que a una gran corporación; y un sistema financiero que concentra su oferta crediticia en la pequeña empresa formal, mientras el grueso del sector recurre a prestamistas informales con tasas que superan a veces el 1,800% anual. La reforma propone mecanismos concretos para cada una de estas barreras. Su éxito, sin embargo, no depende de un solo actor: requiere una respuesta coordinada y efectiva del gobierno central, los municipios, el sistema financiero, la instituciones de apoyo al sector y la cooperación internacional.
Pagos oportunos: del derecho declarativo a la obligación con costo
La reforma establece un plazo máximo de 30 días para el pago de facturas a proveedores MYPE y una compensación obligatoria por mora con intereses mercantiles. La inclusión del Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva de CONAMYPE vincula la política de fomento con la disciplina fiscal. Como señaló el presidente de CONAMYPE, Paul Steiner, ante la comisión legislativa:«muchas quiebran cuando sus facturas no se pagan a tiempo».
Este mecanismo es técnicamente sólido, pero su efectividad dependerá de la acción coordinada de varios actores. Las instituciones públicas necesitarán adaptar sus procesos administrativos de pago. El Ministerio de Hacienda tendrá el rol clave de monitorear el cumplimiento y publicar datos por institución. Las instituciones de apoyo al sector deberán acompañar a los proveedores más pequeños —especialmente las microempresas de subsistencia, que representan el 67% del sector— para que conozcan y ejerzan su derecho sin temor a represalias comerciales. Y la cooperación internacional puede contribuir diseñando sistemas de monitoreo que fortalezcan el cumplimiento efectivo de la nueva normativa.
Formalización gradual: reducir barreras exige construir beneficios
La reforma introduce el principio de proporcionalidad y relanza instrumentos como las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y la plataforma SIMEJORA. Instituciones como el Centro Nacional de Registros ya ofrecen tarifas reducidas para MYPE registradas, y la Superintendencia de Registro Sanitario brinda estudios gratuitos a quienes no pueden cubrirlos. Estos pasos son valiosos. Pero la experiencia regional indica que la simplificación, por sí sola, no produce formalización sostenida.
Lo que distingue a los programas exitosos es la combinación de menos barreras con un beneficio tangible e inmediato para quien se formaliza. La disposición de procurar que al menos un 25% de las compras públicas se realicen a MYPE podría ser ese beneficio, pero convertirlo en realidad exige roles complementarios. Los gobiernos municipales —a quienes la ley otorga un mandato explícito mediante las Mesas Técnicas Locales— tendrán que identificar las cadenas de valor de su territorio y conectar a los proveedores locales con las oportunidades de compras públicas. Las instituciones de apoyo —fundaciones, universidades vinculadas al sector, centros de desarrollo empresarial— pueden aportar diagnósticos territoriales y programas de formación diferenciados. Y CONAMYPE necesitará desarrollar una estrategia de asistencia técnica que reconozca que una microempresa urbana de servicios y una rural agropecuaria requieren acompañamientos distintos y nuevos programas.
Crédito: fondos públicos como señal al sistema financiero
La exclusión financiera del sector tiene dimensiones concretas. Según la Superintendencia de Competencia, en 2017 la banca privada concentraba el 48% de la cartera de crédito MYPE, pero el 96% se dirigía a la pequeña empresa; apenas el 0.41% llegaba a microempresas de subsistencia. La encuesta del Observatorio en el Estado de la MYPE (Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI, 2023), confirma que el 32.2% de quienes obtuvieron crédito pagaron tasas superiores al 50% anual, con una brecha de género significativa: el 51.5% de las mujeres pagó tasas por encima del 40%, frente al 43.9% de los hombres. Para quienes quedan fuera del sistema formal, la alternativa es el crédito usurario: la cifra oscila entre $600 millones (ABANSA, 2022) y $1,250 millones (Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI, 2025), dependiendo de la fuente.
millones del financiamiento de las MYPES más pequeñas circulan en el sector informal
Fuente: Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI
La reforma responde capitalizando FECAMYPE y PROGAMYPE —con asignaciones de $10 y $5 millones, respectivamente, del Presupuesto General de la Nación— y estableciendo un mandato explícito para el sistema financiero, lo que implica que ahora los bancos deberían aplicar criterios de riesgo diferenciados por etapa de desarrollo. Según fuentes oficiales, los resultados preliminares del fideicomiso son alentadores: la línea de crédito para mujeres empresarias registra una mora superior a 90 días de solo 0.02%, frente al 4.5% del sector privado.
Estos datos demuestran algo que el sistema financiero necesita incorporar en su estrategia: prestar a la MYPE con instrumentos adecuados no es caridad, es un negocio viable. Para ello la banca privada requerirá desarrollar herramientas de scoring alternativo, adecuar sus estrategias de negocios y aprender a usar garantías mobiliarias efectivas para servir a segmentos que hoy no atiende. Las cooperativas y entidades no bancarias, que ya son las principales oferentes de crédito a la microempresa, necesitan fortalecimiento institucional. Y la cooperación internacional puede desempeñar un papel catalítico financiando la innovación en productos financieros y la expansión de infraestructura crediticia en los territorios.
El mandato es ambicioso. Los recursos, aún no
La reforma otorga a CONAMYPE un rol ampliado: coordinador del ecosistema MYPE, mayor rol facilitando que lleguen los fondos para el financiamiento, supervisor de las mesas técnicas municipales, articulador del sistema de representación y consulta del sector, y garante de alguna forma del cumplimiento del pronto pago. Es un mandato institucional de mayor alcance.
Sin embargo, los recursos asignados aún no corresponden a la magnitud de esa responsabilidad. CONAMYPE opera como una de múltiples instituciones adscritas al Ministerio de Economía, cuyo presupuesto total para 2025 es de $75.2 millones. De ese monto deben financiarse, además de CONAMYPE, la Superintendencia de Competencia, la Defensoría del Consumidor, el INSAFOCOOP, el CIFCO y otras entidades. Los $5 millones asignados a PROGAMYPE y $10 millones a FECAMYPE — descritos en el artículo 51 y 50 de la Ley MYPE como fondos provenientes del presupuesto general de la nación — representan un avance significativo, pero deben atender un universo potencial de más de 840,000 microempresas, sin incluir el millón de empleados informales. La pregunta de fondo es aritmética: ¿puede una institución con un presupuesto operativo que compite por espacio dentro de $75.2 millones ejecutar una agenda de alcance nacional para el sector que genera el 70% del empleo?
Si el Estado, el sistema financiero, los municipios, las instituciones de apoyo y la cooperación internacional asumen sus respectivos roles con la seriedad que la reforma requiere, esta ley puede convertirse en punto de inflexión para el sector. Pero hay una condición previa que es responsabilidad directa del gobierno central: dotar a CONAMYPE de recursos presupuestarios proporcionales al mandato que la propia ley le confiere. Una revisión al alza de su asignación dentro del ramo de Economía no es un gasto adicional: es la inversión mínima necesaria para que la reforma no quede reducida a un marco normativo sin capacidad de ejecución.
Bibliografía:
Superintendencia de Competencia. (2019). Competencia en la prestación de servicios financieros a las micro y pequeñas empresas (MYPE) en El Salvador. Gobierno de El Salvador. Ver estudio completo: https://www.sc.gob.sv/wp-content/uploads/estudios_IE/estudios_PDF/Estudio_MYPE_2019.pdf
Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI. (2023). El Estado Actual de la MYPE 2023: La Otra Cara de la Economía (INMYPES). San Salvador, El Salvador: Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) en alianza con CA-5 Consultores Internacionales.
Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña [CIOPS], Universidad Tecnológica de El Salvador [UTEC]. (2022). Características del crédito otorgado por el sector no regulado en El Salvador
Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI. (2025). El Estado de la MYPE 2025: La Otra Cara de la Economía. San Salvador, El Salvador: Fundación de Apoyo Integral (FUSAI) en alianza con Programa FLACSO El Salvador
García, J. (2026, marzo 9). Menos trámites y más crédito: El Salvador impulsa el crecimiento de las MYPE con aval a reforma legal. Infobae. Leer noticia
Fuentes: Reforma a la Ley MYPE (aprobada marzo 2026); CONAMYPE; Observatorio MYPE — Informes MYPE 2023 y 2024; Superintendencia de Competencia (2018); Observatorio MYPE — Estimación del peso de la usura en El Salvador; FECAMYPE/PROGAMYPE; Presupuesto General de la Nación 2025; El Diario de Hoy (2017)
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