En un esfuerzo articulado por reducir las barreras de entrada a la economía formal, cuatro instituciones gubernamentales —CONAMYPE, CNR, SRS y OMR— presentaron este pasado lunes una nueva «Ruta hacia la Formalización». Esta iniciativa busca simplificar los trámites y costos que históricamente han frenado la regularización de las microempresas en El Salvador.
Entre las medidas más destacadas se encuentra el relanzamiento, por parte del Centro Nacional de Registros (CNR), del régimen de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Esta figura permite constituir una sociedad con un capital social mínimo de $1.00 y un único accionista, eliminando el requisito de la pluralidad de socios y reduciendo drásticamente los costos notariales y registrales. Camilo Trigueros, director ejecutivo del CNR, enfatizó la eliminación de barreras burocráticas como eje central de la propuesta.
Paralelamente, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) anunció el diplomado “Ruta hacia la Formalización” para guiar a los empresarios en el proceso, mientras que la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) introdujo un reglamento específico para pequeños comercios de productos cosméticos e higiénicos, facilitando su cumplimiento normativo. El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) complementa el paquete con la actualización del sistema SIMEJORA, buscando transparentar el inventario de trámites estatales.
La formalización como palanca de productividad
Desde la perspectiva del análisis técnico independiente, estas medidas responden a una necesidad estructural diagnosticada reiteradamente por organismos especializados y de apoyo a las MYPES. Investigaciones recientes del Observatorio MYPE de FUSAI ofrecen un contexto revelador sobre por qué esta «nueva ruta» podría ser un paso efectivo.
Según el informe El Estado de la MYPE 2024, la formalización no debe verse como un fin recaudatorio, sino como una herramienta de integración económica. El estudio destaca que los principales inhibidores para la formalización no son la falta de voluntad, sino los «altos costos» y la percepción de que «los ingresos del negocio no alcanzan» para cubrir las cargas tributarias y de seguridad social tradicionales. Al reducir el costo de entrada a $1.00 con las SAS, el Estado ataca directamente una de las barreras más citadas por los microempresarios en las encuestas del Observatorio.
Más relevante aún es la evidencia sobre la productividad. El informe El Estado de la MYPE 2025 revela un dato contundente: aunque las MYPES formales representan apenas el 3.6% del parque empresarial, contribuyen con un 6.7% al 8.2% del PIB, una proporción que duplica su peso numérico. Esto sugiere que las empresas que logran transitar hacia la formalidad experimentan un salto cualitativo en productividad y capacidad de acumulación. Por tanto, facilitar este tránsito no es solo un trámite legal, sino una estrategia de integración, positiva en si misma, sin duda.
Hacia un ecosistema de apoyo efectivo
La iniciativa gubernamental parece alinearse con la visión de construir un ecosistema de apoyo donde la formalización sea el resultado de incentivos correctos y no de la coerción. Al combinar la simplificación jurídica (SAS) con la educación (diplomado) y la adecuación normativa (reglamentos sanitarios), se aborda la multidimensionalidad del problema.
Como conclusión, la formalización gradual y sostenible es la única vía para que las microempresas superen el estadio de subsistencia. Si estas herramientas logran reducir efectivamente los costos de transacción, El Salvador podría ver una ampliación de su base empresarial formal, permitiendo que miles de emprendedores accedan a nuevos mercados, crédito productivo y, eventualmente, a la seguridad social, transformando la estructura económica del país desde su base.
