El 44% de los empresarios afirma que el precio de sus productos ha aumentado durante el primer trimestre, el porcentaje más alto desde 2022, según el Informe Dinámica Empresarial MYPE del primer trimestre 2026 publicado por el Observatorio MYPE de FUSAI. Que el indicador vuelva a esos niveles merece atención, aunque por sí solo no permite identificar una causa única.

Detrás de ese dato hay múltiples factores posibles, pero uno de los más visibles en el contexto actual es el encarecimiento de los combustibles. No se trata solo de lo que cuesta llenar el tanque: cuando la energía sube de precio, ese incremento viaja a través de toda la cadena productiva y llega, tarde o temprano, al costo de los insumos que usan las MYPE para operar. 

Una pista en esa dirección la ofrecen los propios datos del informe: el 17% de las MYPES reportaron escasez de mercadería durante el primer trimestre, de este porcentaje el 64% señaló como principal causa el encarecimiento de insumos clave, lo que sugiere que las presiones sobre los costos ya están afectando el abastecimiento de ciertos negocios.

El contexto internacional ayuda a entender parte de ese escenario. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han afectado las rutas de suministro de petróleo y elevado los costos energéticos a nivel global. En El Salvador, eso se ha traducido en incrementos de entre $0.83 y $1.02 por galón desde la primera semana de enero a la primera semana de junio de 2026. En la zona central, la gasolina superior pasó de $3.83 a $4.74, la regular de $3.55 a $4.41 y el diésel de $3.42 a $4.44, según los precios de referencia de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Estos números no bastan para afirmar que los combustibles explican por sí solos el repunte en la percepción de precios, pero sí permiten entender por qué cada vez más empresarios sienten que operar cuesta más: el transporte, el abastecimiento, las materias primas y una amplia gama de productos derivados del petróleo forman parte del día a día de casi cualquier negocio.

El impacto ya se siente en algunos negocios

Ese escenario tiene nombre y apellido en muchos talleres, tiendas y pequeñas industrias del país. Obett Cordero, propietario de una carpintería en Cojutepeque, cuenta que el golpe más fuerte no lo ha sentido en la madera sino en los materiales para acabados, que son derivados del petróleo. Un galón de base para pintura que antes costaba $36 ahora ronda los $45, y productos como thinner, esmaltes, reductores y catalizadores han registrado incrementos cercanos al 15%. Sus proveedores le atribuyen directamente esos aumentos al alza de los combustibles.

«Para un mueble grande se ocupan cinco o seis galones. Solo en ese producto el aumento ya representa un costo importante», explica. La madera nacional también ha subido, aunque en menor medida, lo que hace que el impacto acumulado sobre cada proyecto sea difícil de ignorar.

Obett

Microempresario

El problema se complica porque buena parte de sus trabajos fueron presupuestados antes de los aumentos. Ajustar precios no siempre es viable: en varios casos en que planteó esa posibilidad, los clientes optaron por cancelar o buscar otra opción. «Se queda uno atado de pies y manos y toca asumir el costo extra», resume. Es una tensión que muchas MYPE conocen bien: la diferencia entre el precio acordado y el costo real termina siendo absorbida por el propio negocio, reduciendo el margen sin que el cliente lo perciba.

Ante esa presión, Cordero encontró una salida en la forma de comprar. Dejó de adquirir thinner por galones y pasó a comprar barriles completos a un proveedor alternativo, lo que le genera un ahorro de cerca de dos dólares por galón. No es una solución estructural, pero ilustra algo importante: cuando los precios suben, reorganizar la cadena de compras puede marcar la diferencia entre sostener el margen o perderlo.

Estrategias para proteger el negocio

Roxana Girón, coach de la Escuela LID de FUSAI, sostiene que casos como el de Cordero reflejan una necesidad más amplia: las MYPE deben pasar de una gestión reactiva a una visión más estratégica de sus costos y su cadena de abastecimiento.

Cuando un insumo clave sube de precio, explica, la primera acción debería ser evaluar si es posible hacer compras anticipadas o adquirir mayores volúmenes para reducir el costo unitario. Pero esa decisión debe ir acompañada de una revisión más profunda del modelo de negocio. «Internamente siempre hay que revisar el modelo de negocio para identificar dónde invertir a menor costo para mantener los mismos precios o, si es necesario, realizar ajustes graduales», señala.

Girón también advierte que el alza de los combustibles no solo presiona los costos del negocio, sino que modifica los hábitos de compra de los clientes. Cuando los hogares enfrentan mayores gastos en transporte y servicios básicos, tienden a reorganizar sus presupuestos, postergando compras o reduciendo la frecuencia con que adquieren ciertos productos. Ese cambio en el comportamiento del consumidor puede traducirse en una caída de la demanda que afecte a las MYPE incluso antes de que decidan ajustar sus precios. Por eso recomienda revisar permanentemente la oferta, explorar alternativas más accesibles para clientes con menor capacidad de compra y fortalecer la relación con proveedores para negociar mejores plazos de pago, lo que permite ganar liquidez sin trasladar de inmediato los aumentos al consumidor final.

Esa misma lógica de anticipación resuena en el sector exportador. En un foro reciente, COEXPORT reunió a un centenar de empresarios para analizar cómo responder a las disrupciones del comercio internacional derivadas del conflicto en Medio Oriente. Su presidenta, Silvia Cuéllar, señaló que el entorno actual exige buscar abastecedores más cercanos, diversificar mercados y planificar compras con mayor anticipación, trabajo que, según indicó, muchas empresas ya están haciendo. Aunque el foro se orientó al universo exportador, sus conclusiones son aplicables a cualquier MYPE expuesta a shocks de costos externos: diversificar proveedores, fortalecer la gestión logística y monitorear el contexto global con mayor frecuencia dejaron de ser prácticas opcionales para convertirse en condiciones básicas de resiliencia empresarial.

Confianza alta, pero con cautela

A pesar del escenario descrito, el empresariado mantiene una visión positiva sobre el desempeño de sus negocios. El Índice de Confianza Empresarial MYPE cerró el primer trimestre de 2026 en 106.5 puntos. Aunque este resultado se ubicó 2.4 puntos por debajo del trimestre anterior, representa el nivel más alto registrado para un primer trimestre desde que inició la medición. Sin embargo, este optimismo convive con una actitud más cautelosa frente al corto plazo.

Ese matiz importa. El índice se construye a partir de la percepción actual de los empresarios y de sus expectativas para los próximos meses, por lo que su moderación puede anticipar decisiones más cautelosas en inversión, contratación y expansión. No es pesimismo, sino prudencia ante un escenario donde los costos suben, la demanda muestra señales de ajuste y el entorno internacional sigue siendo incierto.

«Los empresarios deben enfocarse en encontrar soluciones y no quedarse únicamente en el problema. Los cambios del entorno siempre van a existir; la diferencia está en cómo cada negocio responde ante ellos», afirma Girón.

La confianza se sostiene, pero el repunte en la percepción de alzas de precios indica que el margen de maniobra se estrecha. Las MYPE que logren anticiparse —revisando costos, diversificando proveedores y ajustando su oferta— estarán mejor posicionadas para mantener su rentabilidad si las presiones sobre los combustibles y los insumos continúan durante los próximos meses.

Un análisis cruzado entre la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 (EHPM 2025) y la segmentación del sector elaborada por el Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI es preciso: cada grado escolar aprobado representa, en promedio, $12.66 adicionales al mes para el microempresario. No es una estimación teórica. Es el retorno medido sobre emprendedores reales del sector. Completar seis grados puede significar cerca de $80 más al mes — la diferencia entre recomprar inventario a tiempo o recurrir a un prestamista informal.

La brecha es aún más reveladora cuando se observa por extremos. Un microempresario de subsistencia con bajo nivel de escolaridad genera ingresos promedio de $252.11 mensuales. Quien alcanza un nivel de escolaridad equivalente a nueve años de estudio llega a $366.01. Son $113 de diferencia mensual — más de un salario mínimo diario — que no provienen de un crédito ni de una capacitación técnica, sino de contar con un mayor nivel de escolaridad.

El retorno ocurre precisamente donde más se necesita

El hallazgo más relevante no es el promedio. Es dónde ocurre el mayor retorno. La evidencia del cruce EHPM 2025–Observatorio MYPE indica que el impacto económico del nivel de escolaridad es especialmente alto en los primeros ciclos educativos: cada grado en el primer ciclo puede representar hasta $16 adicionales al mes. Esto tiene implicaciones directas para la política pública. El segmento que más gana con educación básica es exactamente el que enfrenta mayor vulnerabilidad: la microempresa de subsistencia, donde operan 613,509 unidades económicas, donde las mujeres representan más del 68.8% del total, y donde el 37.5% de los propietarios completó hasta sexto grado.

Dicho de otro modo: la inversión pública en alfabetización y educación básica para adultos no es un programa social desconectado del tejido productivo. Es una intervención con retorno económico medible en el segmento más numeroso del parque empresarial salvadoreño.

El nivel de escolaridad cambia la forma de gestionar, no solo los ingresos

El efecto no se limita al ingreso mensual inmediato. Un emprendedor con mayor nivel de escolaridad comprende con más facilidad los costos de operación, compara precios, negocia con proveedores y adopta herramientas básicas de gestión. En un entorno donde miles de microempresas operan con márgenes mínimos, esa capacidad no es un complemento opcional: es la diferencia entre sostener el negocio o cerrar en el primer trimestre difícil.

También hay un vínculo directo con el crédito formal. El incremento de ingresos asociado a un mayor nivel de escolaridad puede representar, para muchos microempresarios de subsistencia, el margen necesario para asumir un microcrédito sin comprometer el consumo del hogar. La exclusión financiera y la baja escolaridad no son fenómenos paralelos: se refuerzan mutuamente.

La evidencia internacional respalda la dirección. El Banco Mundial documenta que cada año adicional de educación incrementa los ingresos entre 8% y 10% en América Latina. Estudios en Perú, México y Bangladesh confirman que los microempresarios con educación básica completa presentan tasas de supervivencia empresarial más altas y mayor adopción de prácticas financieras. El retorno educativo no desaparece en la informalidad — en algunos casos, se vuelve más determinante.

Necesidad de mayor convergencia en la política pública

A pesar de esta evidencia, las agendas de educación y emprendimiento parecen seguir operando en silos separados. Los programas educativos se diseñan sin considerar su impacto productivo. Los programas de apoyo MYPE entregan crédito o asistencia técnica a emprendedores cuya capacidad de absorber y aplicar ese apoyo está condicionada, en parte, por su nivel de escolaridad. El resultado es predecible: intervenciones que no llegan a su potencial porque no atacan las causas de fondo.

Un enfoque integrado exige conectar estas agendas de manera explícita: programas de alfabetización y segunda educación para adultos vinculados al emprendimiento; educación financiera incorporada desde los primeros ciclos; esquemas de microcrédito que incluyan formación básica como componente del producto, no como opcional; y métricas de política pública que midan el retorno del nivel de escolaridad en la productividad del sector MYPE, no solo en la matrícula escolar.

La pobreza no se reduce solo transfiriendo recursos. También — y los datos del cruce EHPM 2025 – Observatorio MYPE lo confirman — se combate garantizando que quienes reciben esos recursos tengan las herramientas para usarlos bien. Al integrar mejor las agendas de educación y emprendimiento, El Salvador podrá maximizar su impacto  para impulsar el desarrollo del sector MYPE y la mejora de calidad del segmento de mayor pobreza en el país.

En la Barra de Santiago, Ahuachapán, un carrito improvisado recorre las calles cada mañana. Lo empujan Francisca Viana, de 71 años, y Saúl Arévalo, de 74. Son esposos y, desde hace décadas, también socios. Hoy venden atoles tradicionales a sus vecinos. Antes vendían tortillas durante veinte años. Lo que tienen en común ambos negocios es lo que tienen en común la mayoría de adultos mayores que trabajan en el país: no es una opción entre varias, es la única que quedó.

Su historia ilustra un fenómeno estructural. En El Salvador, el 22.9% de las personas mayores de 60 años sigue trabajando o buscando empleo, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2025). De ese grupo, seis de cada diez lo hacen en el sector MYPE, principalmente en micro emprendimientos de subsistencia: ventas ambulantes, tiendas de barrio, servicios personales. No dependen de un empleador. Gestionan, ellos mismos, una unidad económica de pequeña escala que funciona como su única fuente de ingreso.

Para entender por qué tantos adultos mayores siguen trabajando, hay que mirar su vida productiva y laboral. Datos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP, 2025) muestran que cerca del 70% de los trabajadores en El Salvador no cotiza al sistema previsional. Esto significa que dos de cada tres salvadoreños llegan a la vejez sin un ingreso garantizado.

La razón de esa baja cobertura es conocida: la informalidad laboral. El sector MYPE concentra cerca del 70% del empleo nacional, y una parte sustancial de ese empleo opera al margen de los registros formales. La microempresa en particular, raras veces inscribe a sus trabajadores —y muchas veces ni siquiera al titular— en el sistema de pensiones. El resultado es una transición a la vejez sin red.

A esa carencia previsional se suma una deuda educativa acumulada. Entre los adultos mayores actuales, el 27.1% no aprobó ningún grado académico y un 22.9% adicional cursó entre uno y tres años de escolaridad. Cinco décadas atrás, esos vacíos determinaron a qué tipo de empleo podían acceder; hoy determinan qué tipo de microemprendimiento pueden sostener. La trayectoria, en la mayoría de los casos, fue la misma: oficio aprendido en la práctica e ingresos generados al margen del sistema formal. 

No todos los microemprendimientos son iguales

Hablar de «microemprendimientos de adultos mayores» como un bloque homogéneo es un error de diagnóstico. El Observatorio MYPE distingue al menos cuatro segmentos dentro del sector: subsistencia, acumulación simple, acumulación ampliada y expansión. Cada uno tiene lógicas, necesidades y requiere de políticas distintas.

El microemprendimiento de Francisca y Saúl pertenece al primer segmento —subsistencia— y es allí donde se concentra la enorme mayoría de los emprendedores mayores de 60 años. Son negocios que generan ingresos suficientes para el día a día, pero rara vez para acumular capital, contratar a terceros o invertir en escala. Su función económica es estabilizar el consumo del hogar, no expandirlo.

La distinción importa porque cambia el tipo de respuesta pública que tiene sentido. Un programa de aceleración empresarial pensado para microempresas en transición a acumulación no resuelve la situación de un emprendedor de 74 años cuya prioridad es sostener un ingreso básico, no escalar el negocio. Aquí se requiere una combinación de mecanismos de mejor acceso a la red de seguridad social con instrumentos de generación de ingresos básicos.

Lo que el dato sectorial agrega al diagnóstico

Los microemprendimientos no son actores marginales del aparato productivo. Los emprendimientos liderados por adultos mayores cumplen un rol económico que va más allá de la subsistencia individual. Sostienen circuitos de consumo de proximidad en barrios y comunidades pequeñas, donde no hay otra oferta de bienes y servicios. Activan ingresos en hogares multigeneracionales —el carrito de Francisca y Saúl no solo los sostiene a ellos— y mantienen vivos oficios que serían difíciles de recuperar si se perdieran. Reconocer este aporte no es romantizar la pobreza: es leer correctamente lo que el dato muestra.

Lo que el mismo dato obliga a no ocultar

Documentar el aporte económico de estos microemprendimientos no exime de mirar sus límites. La permanencia laboral después de los 60 años coexiste, en buena parte de los casos, con tres carencias acumuladas: ausencia de cobertura previsional, baja escolaridad y trayectorias mayoritariamente informales. El microemprendimiento es la respuesta que estos adultos mayores construyeron ante esas carencias, no la solución a ellas.

La realidad ha demostrado que este microemprendimiento —parte integral de la denominada ‘economía plateada’— tiene un ángulo social positivo: al generar ingresos activos, contribuye a disminuir la presión fiscal sobre el Estado que conlleva el creciente número de adultos mayores sin pensión. Pero el emprendimiento no resuelve el problema por sí solo. Persiste el desafío de encontrar una fórmula de política pública que potencie este mecanismo no solo como una válvula de escape forzada, sino que lo integre estratégicamente con programas de protección social para  preservar la autonomía económica y la dignidad de esta población.

Una respuesta de política pública que articule, no que sustituya

El microemprendimiento de adultos mayores adecuadamente integrado con  la protección social puede ser un mecanismo que ayude a enfrentar la creciente demanda de esta población. Debe articular tres niveles de respuesta que hoy operan mayormente de manera fragmentada o son muy incipientes.

Primero, instrumentos financieros diseñados para el segmento. Los productos crediticios convencionales raras veces prestan a personas mayores de 50 años sin garantías formales. Los programas de microfinanciamiento que  han permitido que  Francisca y Saúl invertir en su negocio de atoles, son un ejemplo de cobertura para un segmento que el sistema bancario formal no atiende. Escalar este tipo de programas enfrentado los inhibidores al adecuado funcionamiento del mercado del microfinanciamiento puede ser un camino efectivo.

Segundo, acompañamiento técnico adaptado a la edad y a la trayectoria. El financiamiento por sí solo no construye sostenibilidad.  Iniciativas como la Escuela LID y el proyecto Crecenta, este último con el respaldo financiero del BID, ejecutan modelos de intervención para mayores de 50 años. Estos programas integran capacitación, asesoría técnica y acompañamiento continuo, partiendo de la convicción de que la experiencia acumulada por estas personas requiere ser canalizada a través de herramientas de gestión modernas para transformarse en una actividad plenamente productiva durante esta etapa de la vida. Programas como estos pensados específicamente para microempresarios mayores, son hoy la excepción. Deberían ser parte de la oferta estándar y de las instituciones de apoyo al sector.

Tercero, una pensión no contributiva de cobertura efectiva. El microemprendimiento de subsistencia no puede ni debe ser el único ingreso de un adulto mayor sin historial cotizante. La discusión sobre el alcance, la suficiencia y el financiamiento de un piso de protección social no contributiva no puede seguir postergándose en El Salvador. Es una que ningún programa de fomento empresarial, por bien diseñado que esté, puede sustituir.

El desafío por delante 

La resiliencia demostrada por emprendedores como Francisca y Saúl, quienes a sus 70 años mantienen su actividad económica y sirven a su comunidad, subraya una capacidad de adaptación invaluable y muestra un ángulo social positivo del emprendimiento. Sin embargo, esta realidad también confronta al país con la imperiosa necesidad de saldar una deuda social acumulada.  Lograr como país desarrollar una política de envejecimiento digno es un desafío monumental.

El objetivo central de la política pública debe ser la construcción de un ecosistema que garantice al adulto mayor opciones entre la actividad laboral y el descanso, asegurando en ambos escenarios un ingreso sostenible y suficiente que preserve su autonomía, bienestar y dignidad.

Fuentes: EHPM 2025 (BCR-DIGESTYC), FIAP 2025, Observatorio MYPE. Las cifras del sector MYPE corresponden a la base de datos del Observatorio.

El dato es significativo no solo por su magnitud, sino por lo que revela: el sector tendero no es estático. Crece en respuesta a la demanda y a las condiciones del entorno, pero lo hace casi en su totalidad al margen de los instrumentos de apoyo efectivos

Un perfil que explica las barreras

De acuerdo con el Observatorio MYPE, el 44.5% de los emprendedores y empresarios MYPE (395,694 unidades económicas) se dedican a actividades de comercio, lo que convierte a este sector en el de mayor concentración de unidades productivas en el país. Las tiendas de colonia son su expresión más visible y territorialmente extendida.

El perfil del sector ayuda a entender tanto su fortaleza como sus restricciones. Nueve de cada diez comerciantes MYPE cuentan con educación media o menor — el 61.5% ha cursado hasta noveno grado y un 29.2% hasta bachillerato. La informalidad alcanza al 78.9% de los negocios. Y el 64.3% están liderados por mujeres, muchas de ellas operando como cuenta propia, con ventas diarias promedio de US$81.94 frente a los US$135.54 de sus pares hombres.

Esta combinación — baja escolaridad relativa, informalidad dominante, brecha de género en ingresos — no es un dato decorativo. Define las condiciones reales bajo las cuales operan la mayoría de las tiendas de colonia: con inventarios limitados, rotación constante, dependencia del flujo diario de caja y acceso sumamente bajo al crédito formal. Según la Superintendencia de Competencia, apenas el 13% de la cartera de financiamiento del sistema financiero se destina a la MYPE, y dentro de ese margen, las microempresas de comercio — particularmente las de subsistencia — capturan una fracción mínima.

No todas las tiendas de colonia enfrentan las mismas restricciones. Una despensa bien surtida con dos o tres empleados y acceso a proveedores mayoristas opera en una lógica distinta a la de una venta de abarrotes manejada por una sola persona desde su casa. El sector tendero es, en miniatura, tan heterogéneo como el universo MYPE al que pertenece. Tratarlo como bloque homogéneo produce diagnósticos imprecisos y políticas que no aterrizan.

Competencia creciente, herramientas escasas

El crecimiento del número de tiendas ha intensificado la competencia territorial. La apertura de nuevos negocios en una misma zona, muchas veces con oferta idéntica, presiona los márgenes y dificulta la diferenciación.

Sonia Calderón, emprendedora en Mexicanos que actualmente opera un negocio de artesanías bajo la marca Soniesme, lo percibe desde antes de ingresar al rubro. Evalúa abrir una tienda como fuente adicional de ingresos, pero reconoce el desafío: “Sí veo que hay bastante competencia, sobre todo si uno quiere tener una despensa bien surtida para familias.” Su estrategia, como la de muchos, apuesta a la flexibilidad: “He pensado atender desde mi casa y también vender en línea por WhatsApp, para no tener que invertir tanto de una sola vez.”

El caso de Sonia ilustra dos fenómenos documentados por el Observatorio: la migración de emprendedores hacia el comercio cotidiano como estrategia de diversificación de ingresos, y la incorporación incipiente de herramientas digitales — aunque todavía limitada. Los datos del Informe Estado de la MYPE 2024 muestran que casi la tercera parte de las microempresarias de acumulación ampliada y expansión aún no utilizan plataformas digitales para comercializar, y que WhatsApp es la herramienta dominante con el 42.2% de adopción.

A la competencia entre pares se suma la presión de actores de mayor escala — supermercados y cadenas de conveniencia — que capturan segmentos del consumo cotidiano con ventajas logísticas y de precio difíciles de igualar. La ventaja competitiva de la tienda de colonia sigue siendo la cercanía y la relación personal. Como señala Sonia: “Lo que uno puede ofrecer es la cercanía. Que la gente no tenga que ir hasta un mercado, y además dar productos más frescos y a veces a mejor precio.”

Lo que el sector necesita — y lo que ya existe

El estudio de Distribución Dinámica y CONAMYPE identifica dos necesidades prioritarias: formación en gestión y administración del negocio, y acceso a financiamiento oportuno. Ambas se conectan directamente con el perfil estructural del sector: los niveles educativos condicionan la capacidad de gestión, y la informalidad cierra la puerta al crédito formal.

Iniciativas como “Mi Tienda Exitosa” de CONAMYPE apuntan en la dirección correcta al combinar capacitación en gestión financiera, administración, asociatividad y herramientas digitales. El reto, sin embargo, es de escala. Con más de 85,000 tiendas en operación, los programas piloto son necesarios pero insuficientes si no se diseñan mecanismos que permitan llegar a los segmentos más excluidos: las tiendas de subsistencia, lideradas mayoritariamente por mujeres, con menor escolaridad y sin acceso a servicios financieros.

En conclusión, el sector tendero no solo es un pilar de la vida comunitaria, sino una fuerza económica colosal que moviliza US$3,000 millones anuales. Aprovechar este potencial requiere con urgencia una política pública decidida que trascienda el asistencialismo, priorizando la formalización administrativa y la adopción de herramientas digitales. Fortalecer estas unidades productivas no representa solo un apoyo a la economía familiar, sino una inversión estratégica en la infraestructura comercial de proximidad que sostiene el consumo de la mayoría de los hogares salvadoreños.

Este fenómeno, sumado a la informalidad y la baja productividad, crea un techo invisible que impide el crecimiento real. Según el McKinsey Global Institute, en las economías emergentes las pequeñas empresas son apenas una cuarta parte de productivas que las grandes. Pero la razón principal no es el tamaño: es la falta de diferenciación y el aislamiento económico.

El océano de la oferta idéntica

El problema estructural es que la gran mayoría de las MYPES operan bajo modelos de subsistencia, vendiendo directamente al consumidor en mercados locales saturados. En El Salvador, donde el 67% del sector son microempresas de subsistencia y la informalidad alcanza al 76%, la tendencia dominante es la replicación de negocios básicos sin valor agregado. Las investigaciones del Observatorio MYPE de FUSAI revelan un dato que debería encender las alarmas: según sus estudios, la contribución de las micro y pequeñas empresas (MYPES) al Producto Interno Bruto (PIB) ha venido disminuyendo gradualmente, desde de un 48% en el periodo postpandemia. Sin embargo, las pequeñas empresas están aumentando su participación. Esto sugiere que quienes logran dar el salto —formalizarse, diferenciarse, crecer— capturan más valor, mientras el grueso del sector pierde terreno relativamente.

La evidencia internacional lo confirma: las MYPES que logran integrarse en cadenas de suministro de otras empresas reducen su brecha de productividad hasta en un 40% en comparación con aquellas que solo venden a consumidores finales. El reto, entonces, no es simplemente trabajar más duro, sino cambiar radicalmente la lógica del negocio.

Diferenciarse integrando: la lección del café salvadoreño

No hace falta ir a Japón para encontrar ejemplos de diferenciación por integración vertical. El caso de Japón demuestra que el tamaño de la empresa no es el único factor determinante de la productividad. La clave es la «conectividad económica». Las MYPES que logran diferenciarse convirtiéndose en proveedores especializados para empresas grandes prosperan, mientras que aquellas que se quedan en el comercio generalista aislado (el «exceso de la misma oferta») sufren de baja productividad estructural.

El sector cafetalero salvadoreño ofrece un caso notable. Entre octubre de 2024 y enero de 2025, las exportaciones de café de El Salvador crecieron un 58%, generando $22.9 millones. La Cooperativa San Carlos 2, por ejemplo, logró insertarse en el mercado marroquí —con 94 puntos de venta a través de Dahab Coffee y la Denominación de Origen Cacahuatique— generando cerca de medio millón de dólares, lo que les permitió resolver problemas financieros históricos. La microproductora Aida Batlle, por su parte, posicionó su marca en mercados internacionales con sistemas de trazabilidad y prácticas sostenibles, siendo incluida en la lista Forbes de mujeres más influyentes en enero de 2026.

La lección es clara: estos productores dejaron de competir con café genérico a precio de mercado y se convirtieron en eslabones especializados de cadenas de valor globales. El varietal Pacamara —creado en El Salvador— y las denominaciones de origen son herramientas de diferenciación que transformaron microempresas familiares en marcas con reconocimiento internacional.

De la intuición a la gestión: el poder de “conocer tus números”

Félix Ventura, el empresario con el que abrimos este artículo, fue transformado por el programa MBA Acelera de la Escuela LID de FUSAI. A diferencia de las capacitaciones genéricas, este programa ofrece rutas diferenciadas según el perfil del empresario, combinando contenidos técnicos con desarrollo de liderazgo. Como señala Roxana Girón, coordinadora de la Escuela LID: “Trabajamos desde su realidad, pero apostamos por desarrollar habilidades que le permitan crecer como persona y como líder empresarial”.

Roxana

Coordinadora de programas Escuela LID

Este enfoque complementa iniciativas institucionales como los talleres “Conoce tus Números” del Banco Central de Reserva, que atacan directamente la raíz de la baja productividad: la toma de decisiones sin datos. Cuando un empresario puede identificar qué productos son realmente rentables y cuáles son “más de lo mismo”, tiene la base para pivotar hacia ofertas diferenciadas. La diferenciación no siempre requiere grandes inversiones: muchas veces empieza por un cambio en la manera de gestionar y pensar el negocio.

Lo que el boom turístico nos enseña (y lo que falta)

Quizás el ejemplo más revelador de la trampa de la “mismidad” se encuentra en el propio territorio salvadoreño. A pesar del fuerte crecimiento del turismo en los últimos años, el Informe MYPE 2024 del Observatorio documenta que casi la mitad de las microempresas ubicadas en zonas turísticas reportan menos clientes que antes de la pandemia, y un 41% indica ventas inferiores. El turismo creció, pero las MYPES no capturaron ese crecimiento porque no se integraron como proveedoras especializadas en la cadena turística.

Romper este círculo requiere formalizar para desbloquear capital. Hoy, el 67.5% de las MYPES salvadoreñas operan con recursos propios, lo que limita su capacidad de invertir en lo que las diferencia. La experiencia regional ofrece caminos prometedores: en Guatemala, la Fundación Génesis Empresarial, con apoyo de BID Invest, ha beneficiado a más de 17,000 microempresarios agropecuarios integrándolos en cadenas de valor agrícolas, combinando financiamiento, capacitación en idioma local y una “Ruta de Desarrollo del Cliente” que lleva a las familias de la vulnerabilidad a la estabilidad. Es un modelo que demuestra que la combinación de formalización + financiamiento + integración productiva funciona cuando se diseña desde la realidad del microempresario.

Un cambio de mentalidad necesario

La evidencia es clara: seguir fomentando la creación de MYPES que replican modelos de negocio saturados en la informalidad no genera riqueza, solo distribuye la escasez. El camino a seguir requiere una combinación audaz de priorización sectorial —identificando nichos donde las MYPES puedan integrarse a cadenas de valor dinámicas como el turismo, la construcción y la exportación de productos nostálgicos—, formalización inteligente que se entienda no como un impuesto sino como la llave al crédito para la innovación, y educación gerencial que trate al empresario como un actor transformador.

La MYPE del futuro no es la que vende lo mismo que el vecino. Es la que, como Félix Ventura o los caficultores de Cacahuatique, se integra, se formaliza y utiliza datos para ofrecer algo único. Como Félix lo resume: “Ahora sé que no estoy solo. Y que, si me organizo, puedo crecer”.

Fuentes:

Observatorio MYPE de FUSAI, El Estado de la MYPE 2024: La otra cara de la economía.

McKinsey Global Institute; Alliance for Financial Inclusion.

Instituto Salvadoreño del Café (ISC) / Infobae, febrero 2026.

BID Invest: Caso de éxito Génesis Empresarial, Guatemala.

Escuela LID / MBA Acelera — FUSAI.

Banco Central de Reserva de El Salvador: Programa “Conoce tus Números”.

Siempre le ha gustado trabajar la madera y eso hace que disfrute su trabajo día a día. Lleva cuatro años trabajando en la misma carpintería, con una jornada de ocho a cinco, pero con la flexibilidad de poder ausentarse si necesita resolver algo personal, con solo avisar a su jefe y reponer el tiempo después. «El ambiente laboral es excelente», asegura. «Si hay algún problema, lo solucionamos entre todos.»

Eduardo

Según datos del estudio El Estado de la MYPE 2023: la otra cara de la economía, realizado por el Observatorio MYPE de FUSAI, el 33.3%,  es decir, aproximadamente alrededor de 300,000 MYPES tienen la capacidad de generar empleos. Una parte importante de estas empresas opta por esquemas de pago de corto plazo: semanal (34.5%) o incluso diario (26.9%).

Eduardo forma parte de ese grupo. Recibe un salario semanal que, dependiendo de las horas extra, suele variar entre $125 y $150.

Su salario, que es superior al salario mínimo ($408.80), le permite cubrir la canasta básica y los servicios del hogar para él y otras dos personas que dependen económicamente de su ingreso.

Sin embargo, aunque Eduardo gana un salario superior al mínimo, no tiene las prestaciones de ley que ofrece una empresa formal. Él explica que todas las empresas en las que ha trabajado operan en el sector informal, por lo que nunca ha recibido estos beneficios, y aunque reconoce que las prestaciones formales son necesarias, también asegura que no son lo único que define un buen empleo.

Su caso ilustra una realidad que atraviesa a todo el sector: aunque muchas MYPES informales no pueden ofrecer cobertura de prestaciones, no es necesariamente cierto que sus trabajadores reciban salarios netos más bajos y que prefieran trabajar automáticamente en el sector formal o en las grandes empresas. En numerosos casos, los ingresos que perciben —libres de descuentos asociados a la formalidad— pueden ser iguales o incluso superiores al mínimo.  Persiste una deuda importante en materia de protección social, que solo podrá resolverse si primero se abordan las limitaciones estructurales que enfrentan estas empresas.

El margen que no alcanza

Cuando se habla de condiciones laborales en las micro y pequeñas empresas (MYPES), el debate suele enfocarse en el salario mensual. Además del acceso a prestaciones como cotizaciones al ISSS y AFP, vacaciones remuneradas o aguinaldo, hay otros elementos que definen buena parte de la calidad del empleo generado por este sector. Por ejemplo, especialmente entre trabajadores jóvenes, muchas veces pesa otra lógica: muchos optan por empleos en MYPES locales informales o semiformalizadas porque valoran el ingreso neto inmediato —sin descuentos de AFP, seguro social u otras cotizaciones— y los ahorros de tiempo y dinero derivados de trabajar cerca de casa, evitando largos traslados diarios.

Pero esta es solo una arista del debate. En un plano distinto, cabe preguntarse qué condiciones estructurales limitan la capacidad de las MYPES para formalizarse sin comprometer su sostenibilidad.

Los datos del Observatorio MYPE de FUSAI ofrecen una respuesta que incomoda: el 96% de las MYPES se mantienen aún en el sector informal, motivados principalmente por factores económicos y barreras burocráticas que les impiden dar el paso hacia la formalización.

Según el informe Estado de la MYPE 2025: la otra cara de la economía, los salarios absorben el 68.6% del valor agregado de las MYPES formales, mientras que su excedente bruto de explotación —el margen que les permite invertir, crecer o simplemente aguantar un mal trimestre— cayó por debajo del 20% entre 2022 y 2023. Son cifras que ilustran una realidad que Eduardo, aunque no la cite en esos términos, conoce de cerca: la carpintería donde trabaja no tiene mucho margen para absorber los costos adicionales de la formalización.

Una brecha que no se cierra sola

La cobertura de seguridad social entre la población ocupada alcanza apenas el 36.5%, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2023. En el segmento MYPE informal —que representa el 96% del parque empresarial en número de unidades— esa cobertura es prácticamente inexistente. Eduardo es parte de ese universo.

Ampliar esa cobertura de forma sostenible es uno de los retos más grandes que enfrenta el sector, pero lograrlo requiere empresas con mayor capacidad competitiva. ¿Qué se necesita para alcanzarla? Una parte de la respuesta está en la formación en habilidades de gestión empresarial, el acceso a financiamiento en condiciones adecuadas, las mejoras en procesos operativos, la incorporación de tecnología y la apertura a nuevos mercados.

Sin embargo, no todo el sector está en la misma situación. Los segmentos más grandes de la MYPE, como la pequeña empresa, han mostrado que cuando se logra estabilizar los ingresos, se ordenan procesos y se recibe el apoyo y acompañamiento correcto, se abren espacios reales para formalizar las relaciones laborales, no solo sobre el papel.

Lo que las cifras no miden

La historia de Eduardo también refleja esa heterogeneidad. Él nunca ha trabajado en una empresa grande: las carpinterías de su zona —pequeñas, informales, cercanas— han sido siempre su entorno laboral. En muchos territorios del país, la MYPE no compite con la gran empresa por la misma mano de obra; es simplemente la opción disponible y, en algunos casos, también la que mejor se ajusta a las condiciones de vida de quienes trabajan en ella.

Empleo cercano al lugar de residencia, flexibilidad para conciliar trabajo y responsabilidades familiares, vínculos laborales más directos: esos atributos no reemplazan las prestaciones formales, pero forman parte del cuadro completo que define la calidad del empleo en el sector.

La pieza que falta

El debate sobre prestaciones laborales en las MYPES puede seguir dos caminos. Uno es quedarse en la brecha entre lo que la ley exige y lo que el sector cumple, un ejercicio útil pero que rara vez produce cambios. El otro es preguntarse qué condiciones deben crearse para que ese cumplimiento sea viable y sostenible para la mayoría de las unidades productivas del país.

Eduardo ya sabe qué responder. «El día que no trabajo es el día que no me pagan. Ya lo tengo presente, va descontado en mi sueldo», dice. Aun así, si le preguntaran si estaría dispuesto a que le descuenten parte de su salario para acceder al ISSS y la AFP, la respuesta es sí, sin dudar. No rechaza la formalidad; espera que sea posible. Pero no quiere dejar las ventajas de un empleo local.

Las MYPES aportan en promedio entre el 45% y el 48.8% del PIB salvadoreño, el doble del ingreso que el país recibe en concepto de remesas. En los últimos años, el gobierno ha logrado avances importantes para simplificar el ingreso a la formalidad y reducir muchas de las barreras iniciales de registro. Sin embargo, el desafío no termina ahí: es necesario seguir reduciendo la carga burocrática y los costos de tiempo y dinero que implica para una pequeña empresa cumplir con la ley una vez ha sido formalizada.

Un sector con ese peso en la economía nacional abre la necesidad de impulsar una agenda estratégica de largo plazo que fortalezca su capacidad para ampliar la protección de quienes trabajan en la MYPE, como parte de una política de desarrollo inclusivo construida a partir de las condiciones y capacidades concretas del sector.

Expectativas diferenciadas

El entorno económico para 2026 está delimitado por dos grandes proyecciones. Por un lado, la CEPAL estima un crecimiento cercano al 2.7%, que podría estirarse hasta el 3.5% si se concretan inversiones clave. Por otro lado, el Banco Central de Reserva es más optimista y sitúa el dinamismo económico entre el 3.5% y el 4.0%. La diferencia entre ambos escenarios no es menor: representa la distancia entre una estabilización de la demanda interna y una expansión real del mercado.

Bajo la premisa comprobada de que la demanda de crédito del sector MYPE suele crecer entre dos y tres veces el ritmo del PIB nacional, y que este multiplicador se intensifica en los segmentos de menor tamaño por su alta dependencia de capital de trabajo inmediato, las diferencias se amplifican considerablemente.

Un crecimiento a dos velocidades

El Informe 2025 ya advertía sobre una economía MYPE fragmentada. Para 2026, esta brecha se profundizará si no se abordan los inhibidores estructurales que la alimentan. El sector funciona, en la práctica, como dos economías paralelas con dinámicas muy distintas.

El segmento de subsistencia, que representa el 68% del sector, enfrenta lo que el Observatorio ha denominado la trampa de la usura y la lógica de la sobrevivencia. A pesar de la resiliencia y el espíritu emprendedor que caracterizan a estos empresarios, son quienes absorben el mayor porcentaje de financiamiento informal, pagando tasas que pueden superar en más de 20 veces los límites legales. Si la demanda de crédito de este segmento crece al 12% en 2026, pero los términos de su acceso al crédito no mejoran, el crecimiento no se traduce en mejoras palpables para este segmento.

En contraste, las MYPES formales y en expansión, que representan apenas el 3.6% del parque empresarial pero contribuyen con un 8.2% al PIB, tienen el potencial – al menos- para absorber tecnología y sofisticar su oferta. Su brecha de optimismo es menor, lo que indica una mejor capacidad para convertir expectativas en resultados concretos. Para este segmento, un crecimiento nacional del 4% abre oportunidades reales de salto competitivo.

El impuesto invisible y la barrera digital

Además de la informalidad, al menos dos otros factores estructurales condicionarán el desempeño de las MYPES en 2026, y ninguno de los dos aparece en las hojas de balance. El primero es la economía del cuidado. El trabajo doméstico no remunerado resta, en promedio, 4.1 horas diarias a la gestión empresarial, afectando las horas disponibles productivas y por ende la productividad de la microempresaria. Para las mujeres, quienes lideran la mayoría de las MYPES, esta carga sube a 5 horas. Es una carga laboral que ninguna reforma fiscal puede compensar si no se aborda con servicios de cuidado novedosos.

El segundo factor es la digitalización superficial. El 82.9% de las MYPES utiliza WhatsApp para vender, pero la gestión interna sigue siendo manual para casi la mitad del sector. Estar en redes sociales no es lo mismo que transformar operaciones. El 2026 debe ser el año de la transformación operativa: adopción de pagos digitales, sistemas de gestión de inventarios y herramientas de planificación financiera que conviertan la presencia digital en eficiencia real.

De «primero el crédito» a «primero los ingresos»

Si se cumplen las proyecciones del BCR, 2026 será un año de crecimiento medio-alto para el sector MYPE. Sin embargo, para que este crecimiento sea redistributivo, hay que modificar la forma en que los empresarios gestionan sus empresas. La evidencia acumulada internacional y nacional nos enseña que la política de apoyo al sector debe pasar de «primero el crédito» a «primero los ingresos», es decir, mejorar la competitividad y productividad primero, y luego aprovechar el efecto multiplicador del crédito. El crédito hace una diferencia si responde a una demanda legítima de la MYPE.

El crédito en mejores condiciones es una agenda abierta. Se requiere de una reforma a los instrumentos financieros que permita capturar la demanda que hoy se fuga al sector informal. Las MYPES de subsistencia no necesitan más crédito convencional: necesitan instrumentos adaptados a ingresos irregulares, con esquemas de pago flexibles que reconozcan la estacionalidad de sus ventas. 

En segundo lugar, se requiere una apuesta decidida por sistemas de cuidado comunitario que liberen horas productivas, especialmente para las empresarias. Un programa nacional de servicios de cuidado podría recuperar entre 3 y 5 horas diarias de gestión empresarial para cientos de miles de mujeres emprendedoras. La rentabilidad social de esta inversión supera con creces cualquier programa de crédito convencional.

Finalmente, la digitalización integral de todos los segmentos MYPE debe ser un enfoque por todos los participantes en el Ecosistema MYPE. La oportunidad está en pasar del uso comercial de redes sociales a la adopción de pagos digitales y sistemas de gestión que permitan a las MYPES profesionalizar sus operaciones. El ecosistema de apoyo —banca, cooperativas, ONG, gobierno— tiene en 2026 la oportunidad de construir puentes entre la economía digital y la realidad cotidiana de la micro y pequeña empresa.

Las MYPES son el corazón de la economía salvadoreña, aportando hasta un 45% del PIB y sosteniendo al 70% de la fuerza laboral. Asegurar que el crecimiento proyectado para 2026 alcance a estos empresarios no es solo una meta económica: es la traducción concreta de lo que significa construir un desarrollo inclusivo en El Salvador. El Observatorio MYPE seguirá documentando este camino, desde las MYPES mismas.

El más reciente informe trimestral del Índice de Confianza Empresarial de la MYPE, publicado por el Observatorio MYPE, revela que los niveles de confianza en el segundo semestre de 2025 son los mejores desde el inicio de las mediciones en 2020.

Este resultado posiciona la segunda mitad del año como el período de mejor desempeño dentro de la serie histórica reciente y revela un entorno más propicio para decisiones de inversión, contratación o expansión.

Sin embargo, este resultado agregado debe leerse con matices. La MYPE es un sector heterogéneo y el desempeño no fue uniforme entre segmentos y sectores.

A partir de estos resultados, se identifican cinco tendencias clave que permiten entender el panorama MYPE al cierre de 2025 y las señales que proyecta hacia el futuro inmediato en 2026.

Altos niveles de confianza que se traducen en decisiones concretas

En el corto plazo, entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, la confianza empresarial mostró una variación mínima y, en la comparación interanual, registró una ligera mejora: el nivel del cuarto trimestre se ubicó 0.7 puntos por encima del observado en el mismo período de 2024.

En el segundo semestre de 2025, el puntaje promedio de confianza empresarial se ubicó en 42.6 puntos. Este resultado representa el nivel más alto de confianza registrado para un segundo semestre desde el inicio de la medición en 2020 y refuerza la percepción de un clima empresarial más favorable.

El comportamiento no fue homogéneo entre segmentos. La pequeña empresa y la microempresa de acumulación ampliada registraron los niveles más altos de confianza al cierre del año, mientras que los segmentos de subsistencia y acumulación simple, aunque siempre se mantuvieron en niveles optimistas, mostraron desempeños más moderados.

Este entorno de mayor confianza también se reflejó en decisiones de gestión dentro de las empresas. Más de la mitad de los empresarios reportó haber mantenido su nivel de inversión (53.5%) y su planilla (57.4%) durante 2025. Además, alrededor de uno de cada cuatro señaló haber incrementado su inversión (27.3%) y ampliado la contratación de personal (26.4%).

Desempeño favorable de los negocios para el segundo semestre

El indicador neto de situación muestra una mejora en el corto plazo. Entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, pasó de 29.8 a 35.2 puntos, reflejando una percepción más favorable sobre la situación actual del negocio al cierre del año. En la comparación interanual, el resultado del cuarto trimestre se ubicó 4.4 puntos por debajo del registrado en el mismo período de 2024.

Al ampliar la mirada al segundo semestre en su conjunto, el saldo promedio neto de situación alcanzó 32.5 puntos, superando el promedio del segundo semestre de 2024 y posicionándose como el nivel más alto para un segundo semestre desde el inicio de la medición en 2020.

No obstante, el comportamiento no fue uniforme entre segmentos. Los negocios de mayor tamaño, como la pequeña empresa, mostraron un mejor desempeño en comparación con los segmentos más pequeños de subsistencia.

Las expectativas se mantienen favorables

El buen desempeño observado durante el año 2025 parece haber tenido un efecto sobre las valoraciones acerca del futuro inmediato para el inicio de 2026. Al finalizar 2025, el 63.6% de los empresarios MYPE señaló que esperaba que los primeros tres meses de 2026 fueran favorables para su negocio.

Este resultado llevó a que el indicador de expectativas cerrara en 58 puntos, ubicándose 6 puntos por encima del nivel registrado cuando se consultó por las perspectivas sobre el inicio de 2025.

Entre los segmentos dentro de la MYPE, destaca que en todos más de la mitad mantiene expectativas positivas sobre lo que trae 2026 en el corto plazo, siendo los segmentos de pequeña empresa y de expansión los que presentan las expectativas más altas sobre el devenir de los primeros tres meses del año.

Desempeño diferenciado por segmentos y sectores

Los segmentos más desarrollados —como pequeña empresa, expansión y ampliada— mostraron una mejor percepción del desempeño de sus negocios y del entorno económico en comparación con los segmentos más vulnerables, como subsistencia y simple, donde se concentra la mayor parte de las unidades económicas.

Por otra parte, al cierre de 2025, el sector Transporte registró el mayor nivel de confianza empresarial, alcanzando 114.3 puntos y superando tanto el resultado del trimestre anterior como el del mismo período del año previo. Le siguieron el sector Agropecuario y el sector Producción, ambos con mejoras interanuales y avances respecto al trimestre anterior.

En conjunto, estos resultados sugieren que la recuperación y el dinamismo no se distribuyeron de manera uniforme, sino que estuvieron impulsados por segmentos y actividades con mayor capacidad de adaptación y consolidación.

Un mejor desempeño en un entorno más competitivo y financieramente exigente

El segundo semestre de 2025 consolidó el mejor desempeño semestral desde el inicio de las mediciones en 2020, respaldado por niveles estables de confianza, una mejora en la percepción sobre el desempeño del negocio y expectativas mayoritariamente positivas hacia el inicio de 2026. En conjunto, estos resultados reflejan un cierre de año con condiciones más favorables que en períodos anteriores.

Sin embargo, el contexto también plantea desafíos. El principal reto reportado por los empresarios fue operar en un mercado cada vez más competitivo, marcado por la entrada de nuevos negocios con ofertas similares. A ello se suman dificultades en la gestión financiera: alrededor de uno de cada cuatro empresarios señaló problemas asociados a la volatilidad de ingresos y la presencia de gastos imprevistos.

Así, aunque los resultados del segundo semestre de 2025 representan una ventana de oportunidad para fortalecer inversión, promoción e innovación —especialmente en los segmentos más dinámicos—, también subrayan que la sostenibilidad del sector dependerá de su capacidad para diferenciarse, mejorar su eficiencia operativa y gestionar con mayor solidez sus finanzas. El entorno es más favorable que en años recientes, pero también más exigente.

El Salvador ha pasado diecisiete años navegando, muchas veces a ciegas, en sus políticas rurales. Con la publicación de los resultados preliminares del V Censo Agropecuario, el país finalmente tiene un espejo menos borroso donde mirar esa otra cara de la economía. Lo que revela no es solo una radiografía de nuestra producción, sino la confirmación de una estructura dual: una industria tecnificada que avanza y una vasta red de microproductores agropecuarios que sobreviven en la periferia de la digitalización y del crédito formal.

En el censo de 2007 se contabilizaban aproximadamente 397,400 explotaciones agropecuarias. Hoy, el Informe MYPE 2025 del Observatorio Mype estima (muy posiblemente subvalorando el volumen) un parque empresarial agropecuario más fragmentado —5.6% del total nacional, unas 49,648 unidades productivas—. Pero detrás de estas cifras late la verdadera columna vertebral de la resiliencia rural que se conoce poco: la economía de patio.

Una economía que se resiste a morir

Uno de los hallazgos más reveladores del nuevo censo es la prevalencia de la “producción de patio”, que aunque disminuida sigue siendo esencial. En 2007, los hogares mantenían más de 8.2 millones de aves de corral. Para 2025, la cifra ha caído a 6,348,277, una reducción del 23.5%, en un contexto de incremento poblacional sustancial. Aunque la producción industrial avícola ha crecido, la capacidad de los hogares para generar su propia proteína ha disminuido.

Aun así, la escala sigue siendo masiva: más de 6.4 millones de animales —aves, cerdos y ganado menor— habitan en los patios de las viviendas. Para el 99.2% de estos productores, personas naturales, el patio es su banco, su despensa y su empleo: un seguro de vida financiero y nutricional frente a la inflación alimentaria. Y según datos del Observatorio MYPE, los empresarios agropecuarios son quienes menos logran trasladar aumentos de costos a sus precios de venta —apenas el 43.6%, frente al 62% promedio del sector MYPE—. La economía de patio no solo alimenta: también absorbe el impacto inflacionario que el productor rural no puede transferir al mercado. Pero la existencia de un parque menor de animales domésticos obliga a cada vez más familias a acudir a efectivo y actividades complementarias comerciales como única forma de subsistir y suplirse de lo básico.

La brecha digital: un techo de cristal rural

El Informe MYPE 2025 destaca una realidad preocupante: el sector agropecuario es el más rezagado tecnológicamente, aspectos que confirma el Censo. El 43.8% de los empresarios declara no utilizar ninguna tecnología en su operación diaria. El 61.9% accede a internet únicamente mediante datos móviles, con velocidades de apenas 5 MB/s —cuando las herramientas digitales de gestión requieren entre 50 y 200 MB/s—. El costo de un servicio mínimo oscila entre US$40 y US$50 mensuales, cifras fuera del alcance de la vasta mayoría.

Lo más alarmante: el 46.4% no percibe obstáculos para digitalizarse, no porque sea fácil, sino porque la tecnología se percibe como algo ajeno a su realidad productiva. Esta “brecha de percepción” es quizás el principal desafío para cualquier política de modernización rural: no se puede demandar aquello que ni siquiera se concibe como posible.

El abismo financiero: la autoexclusión y la garra de la usura

El punto más crítico es la desconexión total con el sistema financiero formal. El 94.8% de los productores pesqueros declaró no haber solicitado ningún crédito formal. Esta cifra no refleja falta de necesidad, sino autoexclusión: el productor, convencido de que será rechazado por requisitos imposibles, ni siquiera intenta acercarse a un banco.

El marco normativo contribuye: la Ley de Bancos no tipifica tratamiento diferenciado por tamaño de cliente, y la exigencia de estados financieros deja fuera a todas las MYPE informales. La regulación juega un rol en esta exclusión, pero no es un impedimento absoluto.

El impacto es devastador. Según el Observatorio Mype de la Escuela LID,  se estima que 274,435 microempresarios del sector Mype se autoexcluyen y recurren a prestamistas informales, absorbiendo el 52.8% de un mercado de usura que alcanzó $617.6 millones en 2022. Las tasas efectivas anuales oscilan entre 1,869% y 13,564%, superando más de 20 veces el techo legal del 82.7%. Según el estudio de sobreendeudamiento del Observatorio MYPE, el 79.1% de los microempresarios que desertan del sistema formal ya tienen créditos con prestamistas informales —por urgencias familiares, capital operativo o pago de deudas previas—, configurando un círculo vicioso que condena al productor a una rentabilidad negativa permanente.

Desafíos país

Los hallazgos revelan un rostro de la exclusión poco conocido y plantean posibles escenarios de acción concretos:

1. Rediseño de la oferta financiera. Se necesitan nuevos productos que comprendan los ciclos de la agricultura de subsistencia y simplifiquen la tramitología. La experiencia de Bolivia y Ecuador confirma que la mera prohibición legal de la usura no la erradica sin alternativas formales accesibles.

2. Infraestructura digital rural. Es fundamental una estrategia de banda ancha que permita a la MYPE agropecuaria transitar hacia la gestión digital. Mientras el costo de internet supere los ingresos diarios de un microproductor, la brecha seguirá ampliándose.

3. Protección de la economía de patio. Se necesita fortalecer programas de sanidad animal y asistencia técnica, garantizando que esté activo familiar se sostenga, sea productivo y seguro.

4. Combate a la usura mediante la inclusión. Se requiere desarrollar alternativas formales tan ágiles como el prestamista informal, con tasas justas. Esto implica revisar las normas de calificación crediticia para crear tratamientos diferenciados que reconozcan la realidad de la microempresa y revisar la Ley contra la Usura.

El V Censo Agropecuario nos ha permitido profundizar la comprensión de una realidad que el Informe MYPE 2025 apenas bosquejó. No se trata de un sector del pasado, sino del actor fundamental de nuestra soberanía alimentaria. Reconocerlo es el primer paso para diseñar políticas que estén a la altura de quienes, desde sus patios, todavía sostienen gran parte del país.

El panorama cambia radicalmente cuando se observa al 83% restante: las microempresas de subsistencia y acumulación simple que, juntas, conforman la abrumadora mayoría del sector. Para estos segmentos, la asociación entre ahorro e inversión se desvanece. Este es uno de los obstáculos estructurales que las Mypes de subsistencia encuentran para prosperar y crecer.

Los números muestran una cierta paradoja: mientras el 46.9% de la población salvadoreña posee una cuenta de ahorro, en la MYPE este porcentaje asciende al 50.2%, por encima de la media poblacional, según datos del informe El Estado de la MYPE 2023 del Observatorio MYPE y la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIEF) 2025 del BCR. Sin embargo, entre las MYPE que tienen cuenta bancaria, no todas ahorran; y en los segmentos de subsistencia y acumulación simple, quienes lo hacen están motivados principalmente por guardar su dinero en un lugar seguro (29.9%), no por generar rendimientos ni financiar mejoras al negocio.

Pero si el ahorro en estos segmentos no está pensado para crecer, sino para sobrevivir, ¿cómo se materializa realmente en la práctica cotidiana de los microempresarios salvadoreños?

¿Por qué la cuenta de ahorro no es para crecer?

Para entender mejor esta dinámica, es necesario distinguir las realidades que coexisten dentro del universo MYPE. De acuerdo con el más reciente informe El Estado de la MYPE 2025, el 65.9% de los empresarios se encuentra en condiciones de subsistencia —negocios con ventas mensuales inferiores a $1,200— y otro 17% opera en acumulación simple —con ventas entre $1,201 y $4,200—. En conjunto, estos dos segmentos representan más del 80% del sector.

Las microempresas de subsistencia se caracterizan por generar ingresos apenas suficientes para el consumo inmediato, sin capacidad de acumulación. Las de acumulación simple cubren los costos de la actividad, pero no generan excedentes suficientes para invertir en capital. En contraste, las microempresas de acumulación ampliada y las de expansión —que juntas representan aproximadamente el 17% del sector— muestran mayores niveles de productividad que les permiten generar excedentes e invertir en el crecimiento de la empresa.

Javier Chacón, coach de la Escuela LID de FUSAI, explica: «Cuando hablamos de subsistencia y acumulación simple nos referimos a negocios que operan en un entorno marcado por márgenes reducidos e ingresos inestables. En ese contexto, el ahorro no responde a una lógica de expansión, sino a la necesidad de enfrentar la incertidumbre cotidiana. La situación es distinta en los segmentos de acumulación ampliada y expansión, donde sí existe capacidad real de invertir los excedentes»

Javier Chacón

Esta diferencia se traduce en niveles de vulnerabilidad financiera radicalmente distintos. En los segmentos de subsistencia y acumulación simple, el 35.8% de los microempresarios no cuenta con ningún fondo para imprevistos, y el 28.4% no podría pagar sus deudas si perdiera sus ingresos actuales. A ello se suma que el 73.5% de los microempresarios de subsistencia prefiere operar en efectivo —porcentaje que baja a 61.3% en acumulación simple y a solo 40% en los segmentos de acumulación ampliada y expansión—.

«La cuenta no es para invertir, es por si pasa algo», comenta un microempresario de subsistencia del sector servicios. «Si un día no vendo o se arruina algo del negocio, de ahí saco para comprar lo del día». Su testimonio ilustra cómo, en estos segmentos, el ahorro funciona como colchón mínimo de seguridad más que como capital para crecer.

Esta lógica contrasta con la de los segmentos superiores. En las microempresas de acumulación ampliada y expansión, el acceso a cuentas de ahorro alcanza el 79.8%, y el destino de esos recursos incluye efectivamente la inversión productiva: adquisición de inventario, mejora de infraestructura o expansión de la capacidad instalada.

El uso predominante del efectivo en los segmentos de subsistencia y acumulación simple refuerza el patrón protector del ahorro. Si bien facilita las operaciones cotidianas con clientes y proveedores, también dificulta guardar dinero de forma regular y sistemática.

En este escenario, marcado por ingresos inestables y el predominio del efectivo, el ahorro se presenta —para más del 80% de las MYPE— menos como recurso para invertir y más como herramienta para enfrentar emergencias. En estos segmentos, donde la mayoría de los negocios funcionan como unidades productivas familiares, las finanzas del hogar y del negocio se entrelazan inevitablemente.

El ahorro cumple entonces una doble función: proteger al hogar y sostener la continuidad mínima del negocio. Precisamente por ello, cualquier estrategia que busque fortalecer el ahorro en los segmentos de subsistencia y acumulación simple debe partir del reconocimiento de esta función protectora, antes de impulsar esquemas orientados exclusivamente a la inversión productiva.

Ahorrar para sobrevivir y emergencias: el verdadero rol del ahorro en el 83% de la MYPE

Esta realidad plantea una reflexión clave para el diseño de productos financieros. No todas las MYPE están en condiciones de utilizar el ahorro como herramienta de inversión productiva. Mientras que para las microempresas de acumulación ampliada y expansión el ahorro efectivamente puede funcionar como palanca de crecimiento, para los segmentos de subsistencia y acumulación simple —que representan más de ocho de cada diez MYPE— asumir esta lógica puede conducir a intervenciones poco efectivas, cuando no contraproducentes.

Francisco Góchez, gerente de inteligencia de negocios del Banco Integral, lo expresa con claridad: «Promover el ahorro productivo en segmentos de subsistencia, sin fortalecer antes su función protectora, equivale a pedirle a un negocio que piense en crecer cuando todavía está intentando sobrevivir. La estrategia debe ser diferenciada: en los segmentos de acumulación ampliada y expansión podemos hablar de ahorro para inversión; en subsistencia y acumulación simple, primero hay que consolidar el ahorro como escudo».

Francisco Góchez

Reconocer estas diferencias no implica renunciar a la agenda de crecimiento, sino ordenar las prioridades según el segmento. Para las microempresas de subsistencia y acumulación simple, avanzar hacia una inclusión financiera efectiva pasa por fortalecer mecanismos de protección, liquidez y manejo de riesgos que permitan reducir la vulnerabilidad cotidiana del negocio y del hogar. Solo a partir de esa base es posible pensar en el ahorro como verdadera palanca de inversión —una transición que los segmentos de acumulación ampliada y expansión ya han logrado.

En definitiva, comprender para qué ahorran realmente las MYPE en El Salvador —y reconocer que la respuesta varía según el segmento— permite diseñar con mayor precisión. Para el 17% que opera en acumulación ampliada y expansión, el ahorro puede efectivamente impulsar el crecimiento. Pero para el 83% restante, el ahorro funciona como mecanismo básico de estabilidad, continuidad y protección frente a la incertidumbre. Ignorar esta distinción conduce a estrategias de productos y servicios muchas veces desconectadas de la realidad del sector; reconocerla abre la puerta a productos y estrategias diferenciadas, alineadas con la vida cotidiana de quienes ahorran, según su situación, para crecer o simplemente para seguir protegerse contra la incertidumbre.