En la Barra de Santiago, Ahuachapán, un carrito improvisado recorre las calles cada mañana. Lo empujan Francisca Viana, de 71 años, y Saúl Arévalo, de 74. Son esposos y, desde hace décadas, también socios. Hoy venden atoles tradicionales a sus vecinos. Antes vendían tortillas durante veinte años. Lo que tienen en común ambos negocios es lo que tienen en común la mayoría de adultos mayores que trabajan en el país: no es una opción entre varias, es la única que quedó.

Su historia ilustra un fenómeno estructural. En El Salvador, el 22.9% de las personas mayores de 60 años sigue trabajando o buscando empleo, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2025). De ese grupo, seis de cada diez lo hacen en el sector MYPE, principalmente en micro emprendimientos de subsistencia: ventas ambulantes, tiendas de barrio, servicios personales. No dependen de un empleador. Gestionan, ellos mismos, una unidad económica de pequeña escala que funciona como su única fuente de ingreso.

Para entender por qué tantos adultos mayores siguen trabajando, hay que mirar su vida productiva y laboral. Datos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP, 2025) muestran que cerca del 70% de los trabajadores en El Salvador no cotiza al sistema previsional. Esto significa que dos de cada tres salvadoreños llegan a la vejez sin un ingreso garantizado.

La razón de esa baja cobertura es conocida: la informalidad laboral. El sector MYPE concentra cerca del 70% del empleo nacional, y una parte sustancial de ese empleo opera al margen de los registros formales. La microempresa en particular, raras veces inscribe a sus trabajadores —y muchas veces ni siquiera al titular— en el sistema de pensiones. El resultado es una transición a la vejez sin red.

A esa carencia previsional se suma una deuda educativa acumulada. Entre los adultos mayores actuales, el 27.1% no aprobó ningún grado académico y un 22.9% adicional cursó entre uno y tres años de escolaridad. Cinco décadas atrás, esos vacíos determinaron a qué tipo de empleo podían acceder; hoy determinan qué tipo de microemprendimiento pueden sostener. La trayectoria, en la mayoría de los casos, fue la misma: oficio aprendido en la práctica e ingresos generados al margen del sistema formal. 

No todos los microemprendimientos son iguales

Hablar de «microemprendimientos de adultos mayores» como un bloque homogéneo es un error de diagnóstico. El Observatorio MYPE distingue al menos cuatro segmentos dentro del sector: subsistencia, acumulación simple, acumulación ampliada y expansión. Cada uno tiene lógicas, necesidades y requiere de políticas distintas.

El microemprendimiento de Francisca y Saúl pertenece al primer segmento —subsistencia— y es allí donde se concentra la enorme mayoría de los emprendedores mayores de 60 años. Son negocios que generan ingresos suficientes para el día a día, pero rara vez para acumular capital, contratar a terceros o invertir en escala. Su función económica es estabilizar el consumo del hogar, no expandirlo.

La distinción importa porque cambia el tipo de respuesta pública que tiene sentido. Un programa de aceleración empresarial pensado para microempresas en transición a acumulación no resuelve la situación de un emprendedor de 74 años cuya prioridad es sostener un ingreso básico, no escalar el negocio. Aquí se requiere una combinación de mecanismos de mejor acceso a la red de seguridad social con instrumentos de generación de ingresos básicos.

Lo que el dato sectorial agrega al diagnóstico

Los microemprendimientos no son actores marginales del aparato productivo. Los emprendimientos liderados por adultos mayores cumplen un rol económico que va más allá de la subsistencia individual. Sostienen circuitos de consumo de proximidad en barrios y comunidades pequeñas, donde no hay otra oferta de bienes y servicios. Activan ingresos en hogares multigeneracionales —el carrito de Francisca y Saúl no solo los sostiene a ellos— y mantienen vivos oficios que serían difíciles de recuperar si se perdieran. Reconocer este aporte no es romantizar la pobreza: es leer correctamente lo que el dato muestra.

Lo que el mismo dato obliga a no ocultar

Documentar el aporte económico de estos microemprendimientos no exime de mirar sus límites. La permanencia laboral después de los 60 años coexiste, en buena parte de los casos, con tres carencias acumuladas: ausencia de cobertura previsional, baja escolaridad y trayectorias mayoritariamente informales. El microemprendimiento es la respuesta que estos adultos mayores construyeron ante esas carencias, no la solución a ellas.

La realidad ha demostrado que este microemprendimiento —parte integral de la denominada ‘economía plateada’— tiene un ángulo social positivo: al generar ingresos activos, contribuye a disminuir la presión fiscal sobre el Estado que conlleva el creciente número de adultos mayores sin pensión. Pero el emprendimiento no resuelve el problema por sí solo. Persiste el desafío de encontrar una fórmula de política pública que potencie este mecanismo no solo como una válvula de escape forzada, sino que lo integre estratégicamente con programas de protección social para  preservar la autonomía económica y la dignidad de esta población.

Una respuesta de política pública que articule, no que sustituya

El microemprendimiento de adultos mayores adecuadamente integrado con  la protección social puede ser un mecanismo que ayude a enfrentar la creciente demanda de esta población. Debe articular tres niveles de respuesta que hoy operan mayormente de manera fragmentada o son muy incipientes.

Primero, instrumentos financieros diseñados para el segmento. Los productos crediticios convencionales raras veces prestan a personas mayores de 50 años sin garantías formales. Los programas de microfinanciamiento que  han permitido que  Francisca y Saúl invertir en su negocio de atoles, son un ejemplo de cobertura para un segmento que el sistema bancario formal no atiende. Escalar este tipo de programas enfrentado los inhibidores al adecuado funcionamiento del mercado del microfinanciamiento puede ser un camino efectivo.

Segundo, acompañamiento técnico adaptado a la edad y a la trayectoria. El financiamiento por sí solo no construye sostenibilidad.  Iniciativas como la Escuela LID y el proyecto Crecenta, este último con el respaldo financiero del BID, ejecutan modelos de intervención para mayores de 50 años. Estos programas integran capacitación, asesoría técnica y acompañamiento continuo, partiendo de la convicción de que la experiencia acumulada por estas personas requiere ser canalizada a través de herramientas de gestión modernas para transformarse en una actividad plenamente productiva durante esta etapa de la vida. Programas como estos pensados específicamente para microempresarios mayores, son hoy la excepción. Deberían ser parte de la oferta estándar y de las instituciones de apoyo al sector.

Tercero, una pensión no contributiva de cobertura efectiva. El microemprendimiento de subsistencia no puede ni debe ser el único ingreso de un adulto mayor sin historial cotizante. La discusión sobre el alcance, la suficiencia y el financiamiento de un piso de protección social no contributiva no puede seguir postergándose en El Salvador. Es una que ningún programa de fomento empresarial, por bien diseñado que esté, puede sustituir.

El desafío por delante 

La resiliencia demostrada por emprendedores como Francisca y Saúl, quienes a sus 70 años mantienen su actividad económica y sirven a su comunidad, subraya una capacidad de adaptación invaluable y muestra un ángulo social positivo del emprendimiento. Sin embargo, esta realidad también confronta al país con la imperiosa necesidad de saldar una deuda social acumulada.  Lograr como país desarrollar una política de envejecimiento digno es un desafío monumental.

El objetivo central de la política pública debe ser la construcción de un ecosistema que garantice al adulto mayor opciones entre la actividad laboral y el descanso, asegurando en ambos escenarios un ingreso sostenible y suficiente que preserve su autonomía, bienestar y dignidad.

Fuentes: EHPM 2025 (BCR-DIGESTYC), FIAP 2025, Observatorio MYPE. Las cifras del sector MYPE corresponden a la base de datos del Observatorio.

El dato es significativo no solo por su magnitud, sino por lo que revela: el sector tendero no es estático. Crece en respuesta a la demanda y a las condiciones del entorno, pero lo hace casi en su totalidad al margen de los instrumentos de apoyo efectivos

Un perfil que explica las barreras

De acuerdo con el Observatorio MYPE, el 44.5% de los emprendedores y empresarios MYPE (395,694 unidades económicas) se dedican a actividades de comercio, lo que convierte a este sector en el de mayor concentración de unidades productivas en el país. Las tiendas de colonia son su expresión más visible y territorialmente extendida.

El perfil del sector ayuda a entender tanto su fortaleza como sus restricciones. Nueve de cada diez comerciantes MYPE cuentan con educación media o menor — el 61.5% ha cursado hasta noveno grado y un 29.2% hasta bachillerato. La informalidad alcanza al 78.9% de los negocios. Y el 64.3% están liderados por mujeres, muchas de ellas operando como cuenta propia, con ventas diarias promedio de US$81.94 frente a los US$135.54 de sus pares hombres.

Esta combinación — baja escolaridad relativa, informalidad dominante, brecha de género en ingresos — no es un dato decorativo. Define las condiciones reales bajo las cuales operan la mayoría de las tiendas de colonia: con inventarios limitados, rotación constante, dependencia del flujo diario de caja y acceso sumamente bajo al crédito formal. Según la Superintendencia de Competencia, apenas el 13% de la cartera de financiamiento del sistema financiero se destina a la MYPE, y dentro de ese margen, las microempresas de comercio — particularmente las de subsistencia — capturan una fracción mínima.

No todas las tiendas de colonia enfrentan las mismas restricciones. Una despensa bien surtida con dos o tres empleados y acceso a proveedores mayoristas opera en una lógica distinta a la de una venta de abarrotes manejada por una sola persona desde su casa. El sector tendero es, en miniatura, tan heterogéneo como el universo MYPE al que pertenece. Tratarlo como bloque homogéneo produce diagnósticos imprecisos y políticas que no aterrizan.

Competencia creciente, herramientas escasas

El crecimiento del número de tiendas ha intensificado la competencia territorial. La apertura de nuevos negocios en una misma zona, muchas veces con oferta idéntica, presiona los márgenes y dificulta la diferenciación.

Sonia Calderón, emprendedora en Mexicanos que actualmente opera un negocio de artesanías bajo la marca Soniesme, lo percibe desde antes de ingresar al rubro. Evalúa abrir una tienda como fuente adicional de ingresos, pero reconoce el desafío: “Sí veo que hay bastante competencia, sobre todo si uno quiere tener una despensa bien surtida para familias.” Su estrategia, como la de muchos, apuesta a la flexibilidad: “He pensado atender desde mi casa y también vender en línea por WhatsApp, para no tener que invertir tanto de una sola vez.”

El caso de Sonia ilustra dos fenómenos documentados por el Observatorio: la migración de emprendedores hacia el comercio cotidiano como estrategia de diversificación de ingresos, y la incorporación incipiente de herramientas digitales — aunque todavía limitada. Los datos del Informe Estado de la MYPE 2024 muestran que casi la tercera parte de las microempresarias de acumulación ampliada y expansión aún no utilizan plataformas digitales para comercializar, y que WhatsApp es la herramienta dominante con el 42.2% de adopción.

A la competencia entre pares se suma la presión de actores de mayor escala — supermercados y cadenas de conveniencia — que capturan segmentos del consumo cotidiano con ventajas logísticas y de precio difíciles de igualar. La ventaja competitiva de la tienda de colonia sigue siendo la cercanía y la relación personal. Como señala Sonia: “Lo que uno puede ofrecer es la cercanía. Que la gente no tenga que ir hasta un mercado, y además dar productos más frescos y a veces a mejor precio.”

Lo que el sector necesita — y lo que ya existe

El estudio de Distribución Dinámica y CONAMYPE identifica dos necesidades prioritarias: formación en gestión y administración del negocio, y acceso a financiamiento oportuno. Ambas se conectan directamente con el perfil estructural del sector: los niveles educativos condicionan la capacidad de gestión, y la informalidad cierra la puerta al crédito formal.

Iniciativas como “Mi Tienda Exitosa” de CONAMYPE apuntan en la dirección correcta al combinar capacitación en gestión financiera, administración, asociatividad y herramientas digitales. El reto, sin embargo, es de escala. Con más de 85,000 tiendas en operación, los programas piloto son necesarios pero insuficientes si no se diseñan mecanismos que permitan llegar a los segmentos más excluidos: las tiendas de subsistencia, lideradas mayoritariamente por mujeres, con menor escolaridad y sin acceso a servicios financieros.

En conclusión, el sector tendero no solo es un pilar de la vida comunitaria, sino una fuerza económica colosal que moviliza US$3,000 millones anuales. Aprovechar este potencial requiere con urgencia una política pública decidida que trascienda el asistencialismo, priorizando la formalización administrativa y la adopción de herramientas digitales. Fortalecer estas unidades productivas no representa solo un apoyo a la economía familiar, sino una inversión estratégica en la infraestructura comercial de proximidad que sostiene el consumo de la mayoría de los hogares salvadoreños.

Siempre le ha gustado trabajar la madera y eso hace que disfrute su trabajo día a día. Lleva cuatro años trabajando en la misma carpintería, con una jornada de ocho a cinco, pero con la flexibilidad de poder ausentarse si necesita resolver algo personal, con solo avisar a su jefe y reponer el tiempo después. «El ambiente laboral es excelente», asegura. «Si hay algún problema, lo solucionamos entre todos.»

Eduardo

Según datos del estudio El Estado de la MYPE 2023: la otra cara de la economía, realizado por el Observatorio MYPE de FUSAI, el 33.3%,  es decir, aproximadamente alrededor de 300,000 MYPES tienen la capacidad de generar empleos. Una parte importante de estas empresas opta por esquemas de pago de corto plazo: semanal (34.5%) o incluso diario (26.9%).

Eduardo forma parte de ese grupo. Recibe un salario semanal que, dependiendo de las horas extra, suele variar entre $125 y $150.

Su salario, que es superior al salario mínimo ($408.80), le permite cubrir la canasta básica y los servicios del hogar para él y otras dos personas que dependen económicamente de su ingreso.

Sin embargo, aunque Eduardo gana un salario superior al mínimo, no tiene las prestaciones de ley que ofrece una empresa formal. Él explica que todas las empresas en las que ha trabajado operan en el sector informal, por lo que nunca ha recibido estos beneficios, y aunque reconoce que las prestaciones formales son necesarias, también asegura que no son lo único que define un buen empleo.

Su caso ilustra una realidad que atraviesa a todo el sector: aunque muchas MYPES informales no pueden ofrecer cobertura de prestaciones, no es necesariamente cierto que sus trabajadores reciban salarios netos más bajos y que prefieran trabajar automáticamente en el sector formal o en las grandes empresas. En numerosos casos, los ingresos que perciben —libres de descuentos asociados a la formalidad— pueden ser iguales o incluso superiores al mínimo.  Persiste una deuda importante en materia de protección social, que solo podrá resolverse si primero se abordan las limitaciones estructurales que enfrentan estas empresas.

El margen que no alcanza

Cuando se habla de condiciones laborales en las micro y pequeñas empresas (MYPES), el debate suele enfocarse en el salario mensual. Además del acceso a prestaciones como cotizaciones al ISSS y AFP, vacaciones remuneradas o aguinaldo, hay otros elementos que definen buena parte de la calidad del empleo generado por este sector. Por ejemplo, especialmente entre trabajadores jóvenes, muchas veces pesa otra lógica: muchos optan por empleos en MYPES locales informales o semiformalizadas porque valoran el ingreso neto inmediato —sin descuentos de AFP, seguro social u otras cotizaciones— y los ahorros de tiempo y dinero derivados de trabajar cerca de casa, evitando largos traslados diarios.

Pero esta es solo una arista del debate. En un plano distinto, cabe preguntarse qué condiciones estructurales limitan la capacidad de las MYPES para formalizarse sin comprometer su sostenibilidad.

Los datos del Observatorio MYPE de FUSAI ofrecen una respuesta que incomoda: el 96% de las MYPES se mantienen aún en el sector informal, motivados principalmente por factores económicos y barreras burocráticas que les impiden dar el paso hacia la formalización.

Según el informe Estado de la MYPE 2025: la otra cara de la economía, los salarios absorben el 68.6% del valor agregado de las MYPES formales, mientras que su excedente bruto de explotación —el margen que les permite invertir, crecer o simplemente aguantar un mal trimestre— cayó por debajo del 20% entre 2022 y 2023. Son cifras que ilustran una realidad que Eduardo, aunque no la cite en esos términos, conoce de cerca: la carpintería donde trabaja no tiene mucho margen para absorber los costos adicionales de la formalización.

Una brecha que no se cierra sola

La cobertura de seguridad social entre la población ocupada alcanza apenas el 36.5%, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2023. En el segmento MYPE informal —que representa el 96% del parque empresarial en número de unidades— esa cobertura es prácticamente inexistente. Eduardo es parte de ese universo.

Ampliar esa cobertura de forma sostenible es uno de los retos más grandes que enfrenta el sector, pero lograrlo requiere empresas con mayor capacidad competitiva. ¿Qué se necesita para alcanzarla? Una parte de la respuesta está en la formación en habilidades de gestión empresarial, el acceso a financiamiento en condiciones adecuadas, las mejoras en procesos operativos, la incorporación de tecnología y la apertura a nuevos mercados.

Sin embargo, no todo el sector está en la misma situación. Los segmentos más grandes de la MYPE, como la pequeña empresa, han mostrado que cuando se logra estabilizar los ingresos, se ordenan procesos y se recibe el apoyo y acompañamiento correcto, se abren espacios reales para formalizar las relaciones laborales, no solo sobre el papel.

Lo que las cifras no miden

La historia de Eduardo también refleja esa heterogeneidad. Él nunca ha trabajado en una empresa grande: las carpinterías de su zona —pequeñas, informales, cercanas— han sido siempre su entorno laboral. En muchos territorios del país, la MYPE no compite con la gran empresa por la misma mano de obra; es simplemente la opción disponible y, en algunos casos, también la que mejor se ajusta a las condiciones de vida de quienes trabajan en ella.

Empleo cercano al lugar de residencia, flexibilidad para conciliar trabajo y responsabilidades familiares, vínculos laborales más directos: esos atributos no reemplazan las prestaciones formales, pero forman parte del cuadro completo que define la calidad del empleo en el sector.

La pieza que falta

El debate sobre prestaciones laborales en las MYPES puede seguir dos caminos. Uno es quedarse en la brecha entre lo que la ley exige y lo que el sector cumple, un ejercicio útil pero que rara vez produce cambios. El otro es preguntarse qué condiciones deben crearse para que ese cumplimiento sea viable y sostenible para la mayoría de las unidades productivas del país.

Eduardo ya sabe qué responder. «El día que no trabajo es el día que no me pagan. Ya lo tengo presente, va descontado en mi sueldo», dice. Aun así, si le preguntaran si estaría dispuesto a que le descuenten parte de su salario para acceder al ISSS y la AFP, la respuesta es sí, sin dudar. No rechaza la formalidad; espera que sea posible. Pero no quiere dejar las ventajas de un empleo local.

Las MYPES aportan en promedio entre el 45% y el 48.8% del PIB salvadoreño, el doble del ingreso que el país recibe en concepto de remesas. En los últimos años, el gobierno ha logrado avances importantes para simplificar el ingreso a la formalidad y reducir muchas de las barreras iniciales de registro. Sin embargo, el desafío no termina ahí: es necesario seguir reduciendo la carga burocrática y los costos de tiempo y dinero que implica para una pequeña empresa cumplir con la ley una vez ha sido formalizada.

Un sector con ese peso en la economía nacional abre la necesidad de impulsar una agenda estratégica de largo plazo que fortalezca su capacidad para ampliar la protección de quienes trabajan en la MYPE, como parte de una política de desarrollo inclusivo construida a partir de las condiciones y capacidades concretas del sector.

Expectativas diferenciadas

El entorno económico para 2026 está delimitado por dos grandes proyecciones. Por un lado, la CEPAL estima un crecimiento cercano al 2.7%, que podría estirarse hasta el 3.5% si se concretan inversiones clave. Por otro lado, el Banco Central de Reserva es más optimista y sitúa el dinamismo económico entre el 3.5% y el 4.0%. La diferencia entre ambos escenarios no es menor: representa la distancia entre una estabilización de la demanda interna y una expansión real del mercado.

Bajo la premisa comprobada de que la demanda de crédito del sector MYPE suele crecer entre dos y tres veces el ritmo del PIB nacional, y que este multiplicador se intensifica en los segmentos de menor tamaño por su alta dependencia de capital de trabajo inmediato, las diferencias se amplifican considerablemente.

Un crecimiento a dos velocidades

El Informe 2025 ya advertía sobre una economía MYPE fragmentada. Para 2026, esta brecha se profundizará si no se abordan los inhibidores estructurales que la alimentan. El sector funciona, en la práctica, como dos economías paralelas con dinámicas muy distintas.

El segmento de subsistencia, que representa el 68% del sector, enfrenta lo que el Observatorio ha denominado la trampa de la usura y la lógica de la sobrevivencia. A pesar de la resiliencia y el espíritu emprendedor que caracterizan a estos empresarios, son quienes absorben el mayor porcentaje de financiamiento informal, pagando tasas que pueden superar en más de 20 veces los límites legales. Si la demanda de crédito de este segmento crece al 12% en 2026, pero los términos de su acceso al crédito no mejoran, el crecimiento no se traduce en mejoras palpables para este segmento.

En contraste, las MYPES formales y en expansión, que representan apenas el 3.6% del parque empresarial pero contribuyen con un 8.2% al PIB, tienen el potencial – al menos- para absorber tecnología y sofisticar su oferta. Su brecha de optimismo es menor, lo que indica una mejor capacidad para convertir expectativas en resultados concretos. Para este segmento, un crecimiento nacional del 4% abre oportunidades reales de salto competitivo.

El impuesto invisible y la barrera digital

Además de la informalidad, al menos dos otros factores estructurales condicionarán el desempeño de las MYPES en 2026, y ninguno de los dos aparece en las hojas de balance. El primero es la economía del cuidado. El trabajo doméstico no remunerado resta, en promedio, 4.1 horas diarias a la gestión empresarial, afectando las horas disponibles productivas y por ende la productividad de la microempresaria. Para las mujeres, quienes lideran la mayoría de las MYPES, esta carga sube a 5 horas. Es una carga laboral que ninguna reforma fiscal puede compensar si no se aborda con servicios de cuidado novedosos.

El segundo factor es la digitalización superficial. El 82.9% de las MYPES utiliza WhatsApp para vender, pero la gestión interna sigue siendo manual para casi la mitad del sector. Estar en redes sociales no es lo mismo que transformar operaciones. El 2026 debe ser el año de la transformación operativa: adopción de pagos digitales, sistemas de gestión de inventarios y herramientas de planificación financiera que conviertan la presencia digital en eficiencia real.

De «primero el crédito» a «primero los ingresos»

Si se cumplen las proyecciones del BCR, 2026 será un año de crecimiento medio-alto para el sector MYPE. Sin embargo, para que este crecimiento sea redistributivo, hay que modificar la forma en que los empresarios gestionan sus empresas. La evidencia acumulada internacional y nacional nos enseña que la política de apoyo al sector debe pasar de «primero el crédito» a «primero los ingresos», es decir, mejorar la competitividad y productividad primero, y luego aprovechar el efecto multiplicador del crédito. El crédito hace una diferencia si responde a una demanda legítima de la MYPE.

El crédito en mejores condiciones es una agenda abierta. Se requiere de una reforma a los instrumentos financieros que permita capturar la demanda que hoy se fuga al sector informal. Las MYPES de subsistencia no necesitan más crédito convencional: necesitan instrumentos adaptados a ingresos irregulares, con esquemas de pago flexibles que reconozcan la estacionalidad de sus ventas. 

En segundo lugar, se requiere una apuesta decidida por sistemas de cuidado comunitario que liberen horas productivas, especialmente para las empresarias. Un programa nacional de servicios de cuidado podría recuperar entre 3 y 5 horas diarias de gestión empresarial para cientos de miles de mujeres emprendedoras. La rentabilidad social de esta inversión supera con creces cualquier programa de crédito convencional.

Finalmente, la digitalización integral de todos los segmentos MYPE debe ser un enfoque por todos los participantes en el Ecosistema MYPE. La oportunidad está en pasar del uso comercial de redes sociales a la adopción de pagos digitales y sistemas de gestión que permitan a las MYPES profesionalizar sus operaciones. El ecosistema de apoyo —banca, cooperativas, ONG, gobierno— tiene en 2026 la oportunidad de construir puentes entre la economía digital y la realidad cotidiana de la micro y pequeña empresa.

Las MYPES son el corazón de la economía salvadoreña, aportando hasta un 45% del PIB y sosteniendo al 70% de la fuerza laboral. Asegurar que el crecimiento proyectado para 2026 alcance a estos empresarios no es solo una meta económica: es la traducción concreta de lo que significa construir un desarrollo inclusivo en El Salvador. El Observatorio MYPE seguirá documentando este camino, desde las MYPES mismas.

El Salvador ha pasado diecisiete años navegando, muchas veces a ciegas, en sus políticas rurales. Con la publicación de los resultados preliminares del V Censo Agropecuario, el país finalmente tiene un espejo menos borroso donde mirar esa otra cara de la economía. Lo que revela no es solo una radiografía de nuestra producción, sino la confirmación de una estructura dual: una industria tecnificada que avanza y una vasta red de microproductores agropecuarios que sobreviven en la periferia de la digitalización y del crédito formal.

En el censo de 2007 se contabilizaban aproximadamente 397,400 explotaciones agropecuarias. Hoy, el Informe MYPE 2025 del Observatorio Mype estima (muy posiblemente subvalorando el volumen) un parque empresarial agropecuario más fragmentado —5.6% del total nacional, unas 49,648 unidades productivas—. Pero detrás de estas cifras late la verdadera columna vertebral de la resiliencia rural que se conoce poco: la economía de patio.

Una economía que se resiste a morir

Uno de los hallazgos más reveladores del nuevo censo es la prevalencia de la “producción de patio”, que aunque disminuida sigue siendo esencial. En 2007, los hogares mantenían más de 8.2 millones de aves de corral. Para 2025, la cifra ha caído a 6,348,277, una reducción del 23.5%, en un contexto de incremento poblacional sustancial. Aunque la producción industrial avícola ha crecido, la capacidad de los hogares para generar su propia proteína ha disminuido.

Aun así, la escala sigue siendo masiva: más de 6.4 millones de animales —aves, cerdos y ganado menor— habitan en los patios de las viviendas. Para el 99.2% de estos productores, personas naturales, el patio es su banco, su despensa y su empleo: un seguro de vida financiero y nutricional frente a la inflación alimentaria. Y según datos del Observatorio MYPE, los empresarios agropecuarios son quienes menos logran trasladar aumentos de costos a sus precios de venta —apenas el 43.6%, frente al 62% promedio del sector MYPE—. La economía de patio no solo alimenta: también absorbe el impacto inflacionario que el productor rural no puede transferir al mercado. Pero la existencia de un parque menor de animales domésticos obliga a cada vez más familias a acudir a efectivo y actividades complementarias comerciales como única forma de subsistir y suplirse de lo básico.

La brecha digital: un techo de cristal rural

El Informe MYPE 2025 destaca una realidad preocupante: el sector agropecuario es el más rezagado tecnológicamente, aspectos que confirma el Censo. El 43.8% de los empresarios declara no utilizar ninguna tecnología en su operación diaria. El 61.9% accede a internet únicamente mediante datos móviles, con velocidades de apenas 5 MB/s —cuando las herramientas digitales de gestión requieren entre 50 y 200 MB/s—. El costo de un servicio mínimo oscila entre US$40 y US$50 mensuales, cifras fuera del alcance de la vasta mayoría.

Lo más alarmante: el 46.4% no percibe obstáculos para digitalizarse, no porque sea fácil, sino porque la tecnología se percibe como algo ajeno a su realidad productiva. Esta “brecha de percepción” es quizás el principal desafío para cualquier política de modernización rural: no se puede demandar aquello que ni siquiera se concibe como posible.

El abismo financiero: la autoexclusión y la garra de la usura

El punto más crítico es la desconexión total con el sistema financiero formal. El 94.8% de los productores pesqueros declaró no haber solicitado ningún crédito formal. Esta cifra no refleja falta de necesidad, sino autoexclusión: el productor, convencido de que será rechazado por requisitos imposibles, ni siquiera intenta acercarse a un banco.

El marco normativo contribuye: la Ley de Bancos no tipifica tratamiento diferenciado por tamaño de cliente, y la exigencia de estados financieros deja fuera a todas las MYPE informales. La regulación juega un rol en esta exclusión, pero no es un impedimento absoluto.

El impacto es devastador. Según el Observatorio Mype de la Escuela LID,  se estima que 274,435 microempresarios del sector Mype se autoexcluyen y recurren a prestamistas informales, absorbiendo el 52.8% de un mercado de usura que alcanzó $617.6 millones en 2022. Las tasas efectivas anuales oscilan entre 1,869% y 13,564%, superando más de 20 veces el techo legal del 82.7%. Según el estudio de sobreendeudamiento del Observatorio MYPE, el 79.1% de los microempresarios que desertan del sistema formal ya tienen créditos con prestamistas informales —por urgencias familiares, capital operativo o pago de deudas previas—, configurando un círculo vicioso que condena al productor a una rentabilidad negativa permanente.

Desafíos país

Los hallazgos revelan un rostro de la exclusión poco conocido y plantean posibles escenarios de acción concretos:

1. Rediseño de la oferta financiera. Se necesitan nuevos productos que comprendan los ciclos de la agricultura de subsistencia y simplifiquen la tramitología. La experiencia de Bolivia y Ecuador confirma que la mera prohibición legal de la usura no la erradica sin alternativas formales accesibles.

2. Infraestructura digital rural. Es fundamental una estrategia de banda ancha que permita a la MYPE agropecuaria transitar hacia la gestión digital. Mientras el costo de internet supere los ingresos diarios de un microproductor, la brecha seguirá ampliándose.

3. Protección de la economía de patio. Se necesita fortalecer programas de sanidad animal y asistencia técnica, garantizando que esté activo familiar se sostenga, sea productivo y seguro.

4. Combate a la usura mediante la inclusión. Se requiere desarrollar alternativas formales tan ágiles como el prestamista informal, con tasas justas. Esto implica revisar las normas de calificación crediticia para crear tratamientos diferenciados que reconozcan la realidad de la microempresa y revisar la Ley contra la Usura.

El V Censo Agropecuario nos ha permitido profundizar la comprensión de una realidad que el Informe MYPE 2025 apenas bosquejó. No se trata de un sector del pasado, sino del actor fundamental de nuestra soberanía alimentaria. Reconocerlo es el primer paso para diseñar políticas que estén a la altura de quienes, desde sus patios, todavía sostienen gran parte del país.

El panorama global de los negocios está siendo redefinido por el imperativo de la sostenibilidad y la transición verde. En este contexto, un reciente informe, «Renewed SME Agenda in the Context of Green and Just Transition» publicado por Jana Krajcovicova en septiembre de 2025 para el Donor Committee for Enterprise Development (DCED), ha puesto una nota de advertencia crucial. El estudio no cuestiona la necesidad de la transición verde, sino que plantea un riesgo real: que las nuevas exigencias ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se conviertan en una nueva capa de barreras de acceso al financiamiento y apoyo para las micro y pequeñas empresas (MYPE).

Para economías emergentes como El Salvador, donde la MYPE ya arrastra una compleja agenda de transformación (lucha contra la informalidad, usura y baja productividad), la exigencia de sostenibilidad se presenta como un reto complejo y multidimensional, que requiere de un fuerte componente de gradualidad y asistencia técnica para evitar una potencial exclusión.

La informalidad: el nudo de la agenda verde y de desarrollo

El principal nudo gordiano para que la MYPE salvadoreña abrace la agenda verde es su profunda informalidad. Según el Observatorio MYPE de FUSAI, cerca del 76% del parque empresarial salvadoreño opera en la informalidad.
Esta informalidad no solo obstruye el cumplimiento de requisitos ambientales, sino que bloquea el acceso a las herramientas básicas de desarrollo:

Bloqueo al financiamiento

Las líneas de crédito verde exigen la verificación del destino de los fondos para asegurar la trazabilidad y el impacto ambiental. Una MYPE informal carece de los estados financieros y de la documentación legal necesaria para ser un sujeto de crédito elegible para estos fondos, ni siquiera a nivel de microfinanzas. La exigencia verde se convierte, automáticamente, en una barrera de formalización que la MYPE no está equipada para superar.

La presión de la usura

La exclusión del financiamiento formal empuja a la MYPE a la usura. El Observatorio MYPE en su informe anual sobre El Estado de la MYPE 2025 estima que el monto movilizado por la usura es mayor a los US$ 1,125.5 millones anuales, con tasas que pueden alcanzar el 1,869%. Una empresa con un margen de ganancia devorado por intereses usurarios simplemente carece del capital para invertir en eficiencia energética o en prácticas laborales dignas que exige la agenda verde.

Invisible en la cadena de valor

La presión de las regulaciones globales (ej. en las cadenas de sourcing de grandes exportadores) requiere que los proveedores MYPE demuestren cumplimiento con estándares sociales y ambientales. La informalidad impide a la MYPE proveer las facturas, contratos laborales o certificaciones que aseguren esta trazabilidad, relegándolas a un mercado secundario y menos rentable.

Hacia una transición justa: inclusión como prioridad

La transición verde debe ser equitativa. El informe «Renewed SME Agenda» enfatiza que la clave es un fuerte componente de asistencia técnica provisto por el ecosistema de apoyo financiero, junto con una estrategia de gradualidad. La experiencia internacional demuestra que el camino no es imponer el requisito, sino ligar la formalización y el apoyo técnico a un beneficio tangible. La formalidad es, de hecho, el primer paso en la sostenibilidad social de cualquier negocio.

Para las MYPE de El Salvador, el reto significa entender que el foco de la política debe ser doble:

1. Priorizar la formalización progresiva. Crear rutas de registro simplificadas y flexibles que sean accesibles a todos los segmentos de la MYPE. El objetivo inicial no es un compliance de nivel exportador, sino la existencia legal que permita abrir la puerta al financiamiento y a la capacitación. Los modelos internacionales sugieren ligar el registro a un beneficio fiscal o de mercado real.
2. Financiamiento ligado a la capacidad, no al riesgo perfecto. Es fundamental diseñar productos que combinen crédito con asistencia técnica y educación financiera. El estudio internacional recomienda pilotos enfocados en la capacidad del MYPE para generar ingresos sostenibles («primero los ingresos») antes de asumir deuda compleja, utilizando el crédito como una herramienta de apalancamiento productivo, no como un paliativo financiero.
3. Integración con soporte sectorial: El apoyo debe ser diferenciado. La asistencia debe ser sectorial y enfocada en soluciones sencillas, utilizando las redes de apoyo existentes, como los Centros de Desarrollo de la MYPE (CDMYPE).

En conclusión, para muchas MYPES la transición verde es el nuevo horizonte de la competitividad. Para la MYPE salvadoreña, y en particular el segmento más competitivo y en proceso de formalización el desafío es inmenso, pero la solución pasa por integrar la agenda verde a la agenda de desarrollo social y económico ya existente, haciendo de la formalización, el acceso al crédito y la capacitación los pilares de una transformación que sea sostenible, sí, pero ante todo, incluyente.

“Yo no pensé en emprender; pensé en resolver una necesidad”, recuerda Rosmary Muñoz, propietaria de La Casita de Eli, al hablar de los primeros meses cuando puso a andar su empresa. Su familia buscaba servicios de estimulación temprana, pero no encontró opciones. “Los lugares estaban lejos y el costo no era solo la mensualidad, sino también el transporte, el refrigerio y otras cosas”. Esa experiencia la empujó a empezar por su cuenta La Casita de Eli para brindar servicios de cuidado para niños con necesidades de estimulación temprana. Con el tiempo, su proyecto creció: “Comenzamos con menos de 60 niños y ahorita tenemos 102”.

Su historia conecta con una señal contundente: los servicios de apoyo a familias que cuidan a personas dependientes —desde bebés y niños pequeños que necesitan estimulación temprana o terapias de motricidad, hasta personas mayores o con discapacidad que requieren asistencia y acompañamiento— son una necesidad que poco a poco va encontrando respuestas. Los datos del Informe El Estado de la MYPE 2025 muestran que 51.2% del empresariado de la micro y pequeña empresa (MYPE) mira oportunidades en este sector y 25% está dispuesto a incursionar.

Para Lourdes González Prieto, representante de ONU Mujeres en El Salvador, esa brecha tiene una explicación: la creciente disposición a invertir “está muy vinculada a señales públicas claras, como marcos normativos, incentivos y mecanismos de certificación que demuestren que existe un mercado estable”. Rosemary lo vivió desde la práctica, sin nadie que le abriera el camino. Ella quería instalar “solo una zona de juegos” para estimulación de niños y niñas, pero el mercado le habló rápido: “las necesidades la llevaron a ampliar su visión”. Otras familias que se enteraron de la iniciativa que tuvo para atender a su propia hija la buscaron para que brindara apoyo a niños dentro del espectro autista, con déficit de atención, hiperactividad, problemas de lenguaje o conductuales. “En un inicio, yo comencé con un gimnasio para niños… [que pasó] a convertirse en un centro de atención integral”. La pregunta es simple: si el interés existe, ¿qué está frenando la decisión de emprender?

La necesidad existe, la oferta es insuficiente

La oportunidad se entiende mejor cuando se miran de cerca los resultados del estudio del Observatorio MYPE. Solo 18.8% de los empresarios MYPE cuenta con un servicio de cuidado cercano a su vivienda o lugar de trabajo. Dicho de otra forma: más de ocho de cada diez personas que lo necesitan no cuentan con opciones cerca de su lugar de vivienda. Esto brinda una pista de por qué, aun con una alta demanda, el mercado parece no terminar de despegar.

Las barreras para emprender este tipo de servicios también están claras. La principal es la preferencia por mantener el cuidado dentro de la familia o con alguien de total confianza (38.5%). Le siguen el alto costo (38.1%) y la falta de oferta cercana (13.5%).

Para Lourdes González Prieto, esta dinámica podría deberse a raíces culturales profundas. “Cuando el cuidado se mantiene dentro del hogar y no es reconocido ni remunerado, se refuerza la idea de que no es productivo”, afirma. Lamentablemente, esto, además de reducir el tiempo disponible para trabajar o emprender —especialmente de las mujeres—, desincentiva la creación de empresas de cuidado porque la demanda remunerada parece inestable. Esto no solo reduce la oportunidad de que se brinden servicios adecuados a las personas que los necesitan, sino que también reduce el espacio para que surjan negocios y mantiene débil la demanda pagada.

En el terreno, Rosemary confirma esa tensión entre necesidad y acceso. “A nuestra empresa vienen muchas familias con niños con diagnóstico de autismo que son de escasos recursos económicos”, explica. Requieren un servicio más personalizado, “más especializado”, pero muchas veces no pueden pagarlo. “En esos momentos tengo que ver la manera de mantener la calidad de mi servicio… y al mismo tiempo poder adecuarlo a las necesidades y posibilidades de la familia”.

En paralelo, las necesidades más mencionadas por el empresariado para los servicios de cuidado marcan un mapa directo de oportunidades: guarderías (46.2%), atención a personas mayores (30.7%), apoyo psicológico (29.4%) y manejo de enfermedades crónicas (22.4%). Estos datos sugieren que, donde la demanda es constante y la oferta aún es insuficiente, el desafío para las MYPE no es inventar un mercado, sino encontrar la forma de hacerlo accesible, confiable y sostenible.

Envejecer cambia las reglas del mercado

El cuidado no crecerá solo por una tendencia cultural: crecerá por demografía. El país está envejeciendo más rápido de lo previsto: según el censo salvadoreño de 2024, 14% de la población ya supera los 60 años y, al sumar a quienes están entre 50 y 60, el grupo llega a 25%. Eso significa una demanda creciente de apoyo para acompañamiento, trámites, salud, movilidad y cuidados continuos.

Lourdes González Prieto insiste en que el cuidado debe entenderse en sentido amplio: “No se limita al cuidado infantil; abarca también la atención a personas mayores, a personas con discapacidad, el trabajo doméstico y el derecho al autocuidado”. Y advierte que, con estas tendencias, aumentará la demanda de servicios como atención domiciliaria, centros diurnos, rehabilitación o teleasistencia, siempre que existan condiciones para que el mercado sea confiable y sostenible.

Estimaciones del Observatorio MYPE señalan que en 2023 el sector aportó 43% del PIB, equivalente a US$13,500 millones a precios corrientes (con base en cifras del BCR). Pero el dato que más revela el “ADN” del sector es otro: entre 2020 y 2023, en promedio, el 82.5% del Valor Agregado Bruto (VAB) de la MYPE se destinó al pago de salarios.

Esto sugiere que la MYPE funciona, en buena medida, como un mecanismo de distribución de ingresos hacia miles de hogares. Sin embargo, la historia cambia cuando se separa por condición de formalidad.

Los informes del Observatorio muestran que las MYPE informales —que representan 76% del total— operan con márgenes estrechos: casi todo lo que generan se va a remuneraciones, dejando poco espacio para excedentes e inversión productiva. Es el círculo del corto plazo: se produce, se paga, se repone… y queda poco para crecer.

En cambio, las MYPE formales tienden a mostrar una distribución diferente: menor proporción del VAB a salarios y mayor capacidad de generar excedentes (Excedente Bruto de Explotación). Ese excedente no es solo “ganancia”: es lo que permite sostener el negocio, invertir, mejorar productividad y resistir shocks.

Por eso, hablar de MYPE no es solo hablar de emprendimiento. Es hablar de productividad, ingresos, sostenibilidad y del tipo de políticas que ayudan a que producir también signifique prosperar. Si la mayor parte del valor se paga en salarios, la política MYPE también es política de ingresos y bienestar.

Hacia una política de productividad, no solo de registro

Si aceptamos que la MYPE opera hoy más como fuente de ingresos familiares que como unidad de acumulación corporativa, las políticas públicas deben ajustarse a esa realidad. La formalización no debe venderse solo como un deber legal, sino como la herramienta financiera que permite romper el «círculo del corto plazo».

Para que el sector dé el salto, hay tres ejes de acción derivados de este diagnóstico que deberían al menos estudiarse:

1. Financiamiento para transformación, no solo para operación: El crédito no debe ser solo para comprar mercadería (capital de trabajo), sino para adquirir tecnología y maquinaria que aumente el margen de ganancia, permitiendo que el Excedente de Explotación crezca.

2. Educación financiera para separar el negocio de los gastos familiares: Capacitar masivamente para separar las finanzas del hogar de las del negocio. Mientras la caja chica de la empresa sea la billetera del dueño, la inversión será extremadamente difícil.

3. Protección social independiente: Si el empresario debe sacar dinero del negocio para cubrir cada emergencia de salud familiar, la empresa se descapitaliza. Un sistema de protección social accesible para independientes protegería la liquidez de la MYPE.

Más que un porcentaje, este hallazgo se convierte en una señal valiosa sobre cómo podría atenderse una demanda que permanece abierta. Luis Castillo, director del Observatorio MYPE, destaca la relevancia de este hallazgo: “Cuando más de la mitad de un segmento coincide en una necesidad, estamos frente a una oportunidad significativa”, subrayando: “Es una señal de que existe espacio para innovar y crear propuestas que respondan directamente a esta demanda”.

Lo más interesante es que estos microempresarios no solo describen qué necesitan, sino cómo imaginan un mecanismo de apoyo bien diseñado para poder reconstruir su camino financiero y que, en conjunto, delinean un posible producto de rescate con enfoque solidario e integral.

Un mapa de diseño hecho por el propio cliente

Las instituciones y organizaciones financieras que atienden a este segmento cuentan, quizá, con un insumo difícil de encontrar en el mercado: un diseño preliminar elaborado por el propio cliente. Los datos del Informe 2025 muestran lo que necesitan quienes han enfrentado sobreendeudamiento y tuvieron que desertar el sistema formal, y que ahora buscan una ruta para recuperar su estabilidad financiera e integrarse una vez más.

Según el estudio, el 72.4% de los microempresarios señala la reducción de tasas de interés como el principal elemento que debería incorporarse en un producto de rescate (Hay que considerar que actualmente con los usureros pagan hasta 2,000% anual). Le siguen la flexibilización de requisitos (41%), la eliminación de comisiones (23.1%), la agilización en la entrega de créditos (20.6%), la diversificación de productos (16.4%) y, en menor medida pero no menos importante, una mejora en la atención (7.6%).

Para Raúl Rodríguez, gerente de negocios del Programa de Créditos de Fusai, estos datos tienen un valor particular: “Cuando un segmento expresa prioridades tan claras, lo que tenemos no es solo una lista de deseos, sino un mapa que puede ser operativo. Es la voz del usuario diciendo: así puedo regresar”.

Lo revelador es que estas preferencias no aparecen desconectadas entre sí. Todas apuntan a una misma dirección: construir condiciones que hagan más accesible, flexible y eficiente el proceso de retorno financiero. El valor de este hallazgo radica en que es información cualitativa y cuantitativa proveniente de quienes el sistema busca recuperar, representa un tipo de insumo que rara vez se tiene tan claramente delineado. Cada porcentaje es, en esencia, una pista: una señal que indica qué podría funcionar mejor y qué elementos son más valorados.

Un mercado desatendido con alto potencial de retorno

El informe deja sobre la mesa una serie de señales que invitan a mirar con atención el panorama actual. Si los microempresarios ya delinearon qué necesitan y cómo lo necesitan, la gran pregunta —como bien lo anticipa el propio estudio— es inevitable:  ¿Estará listo el mercado y las instituciones para aprovechar esta nueva oportunidad de negocio, como ha ocurrido en Perú en donde este mercado tiene un valor millonario?.

Aunque estas necesidades ya fueron expresadas, en el mercado salvadoreño no se cuenta aún con un producto robusto de rescate para este segmento. Esta ausencia muestra un espacio abierto, esperando ser aprovechado.

Para Rodríguez, esta brecha no debe verse como un problema, sino como una ventaja: “Cuando un mercado expresa una necesidad y todavía no existe una oferta consolidada, hablamos de un terreno fértil. Es ahí donde se construyen los nuevos mercados”.

Ese terreno fértil se manifiesta en varias oportunidades claras. Primero, un mercado desatendido, compuesto por miles de microempresarios que buscan opciones de regularización accesibles y sostenibles. Segundo, un enorme potencial de recuperación de cartera, porque cada emprendedor rehabilitado vuelve a generar ingresos, pagar y crecer. Tercero, un nicho de fidelización que no solo recupera cuentas, sino relaciones de largo plazo.

Sumado a esto, existe una dimensión reputacional innegable: las instituciones que decidan liderar este camino pueden jugar un rol como estabilizador social muy relevante y de alto reconocimiento social. En términos simples: quien diseñe primero un producto de rescate eficiente no solo atenderá un problema social, también capturará una oportunidad comercial evidente.

Un vacío que alguien puede llenar

A escala nacional, el acceso a productos financieros ha crecido, como lo muestra el Global Findex 2025 del Banco Mundial. Sin embargo, persiste una paradoja: hay muchas puertas de entrada al sistema, pero casi ninguna ruta clara de regreso cuando un cliente se atrasa o se sobreendeuda. Esta brecha afecta especialmente a los microempresarios de subsistencia, quienes suelen apartarse del sistema no por falta de actividad, sino por no contar con herramientas adecuadas para manejar el sobreendeudamiento.

Ese espacio es una ventana abierta para las instituciones que buscan innovar en la recuperación de clientes de este segmento. Los microempresarios ya trazaron su diseño, la demanda está clara y el mercado existe. Lo que falta es una dosis de innovación, creatividad, y compromiso social. 

En medio de una mayor oferta crediticia, muchos acceden a varios préstamos simultáneamente sin que la normativa puede prevenir la toma de nuevos créditos a prestatarios ya con problemas en uno o más instituciones. Otros países de la región ya enfrentaron este dilema. Bolivia es un ejemplo de cómo una regulación moderna puede equilibrar inclusión y sostenibilidad. Desde esta perspectiva, la pregunta no es si El Salvador puede hacerlo, sino cuánto más podría avanzar si el crédito no solo llegara a todos, sino que también los hiciera en condiciones asequibles y en entorno que prevenga el sobreendeudamiento.

Un primer vistazo sobre el nuevo reto de la inclusión financiera

Los resultados del Banco Mundial muestran que el acceso a servicios financieros en El Salvador ha crecido de forma sostenida; sin embargo, este avance se ha dado en condiciones que no siempre garantizan sostenibilidad y, a largo plazo, pueden derivar en exclusión financiera. Los datos del Observatorio MYPE de FUSAI coinciden con este analisis: el 82.6% de quienes desertan del sistema formal mantienen créditos activos con otras entidades, mientras que solo un 17.4% queda completamente fuera.

El informe destaca la persistencia del sobreendeudamiento: tres de cada diez de los empresarios que reingresan a las carteras de crédito formal ya presenta algún nivel de mora. Además, este riesgo se duplica por el tipo de financiamiento que adoptan. De hecho, 10 de cada cien de ellos opta por mezclar el crédito formal con fuentes informales (préstamos no regulados). Al respecto, Luis Castillo, director del Observatorio MYPE , nos explica: “En otras palabras, muchos microempresarios de subsistencia no dejan de acceder al crédito, pero lo hacen en condiciones cada vez más riesgosas, moviéndose entre instituciones sin una red que los proteja del sobreendeudamiento.”

¿Malas prácticas o es algo más?

De acuerdo con el análisis del Observatorio MYPE el sobreendeudamiento no proviene únicamente de malas prácticas individuales, sino del conjunto de incentivos que empujan a todos los actores en busqueda de colocar créditos a toda costa. Las instituciones microfinancieras operan en un entorno altamente competitivo, con metas de colocación que dependen del crecimiento constante de sus carteras. En este contexto no existe una restricción que impida otorgar crédito a personas con mora activa en otras instituciones. Así, las microfinancieras compiten por colocar, los clientes —expuestos a choques de ingresos— buscan nuevos préstamos para sostener el negocio, y así se genera un ciclo donde el crédito, que debería financiar mejoras de productividad, termina generando una espiral de endeudamiento en un porcentaje importante de los clientes. El resultado es que recursos que en lugar de oxigenar las finanzas del empresario, lo empujan al sobreendeudamiento.

Los datos lo confirman: según estimaciones del Observatorio MYPE, el 43.5% lo hace para cubrir gastos familiares urgentes y sólo el 41.7% para sostener la operación diaria del negocio. Estas cifras revelan que no hay culpables, sino un sistema que necesita ajustes y mejoras para proteger a ambos lados. Porque cuando el incentivo es colocar más y pagar como se pueda, todos los actores terminan corriendo el mismo riesgo, solo que desde lugares distintos. Francisco Góchez, investigador del Observatorio MYPE , agrega: “La expansión del crédito puede ser positivo cuando trae mecanismos de protección para prestatarios y financieras; de lo contrario, se vuelve trampa para unos y riesgo para otras”

Una solución probada: Bolivia

Si el desafío de El Salvador es mantener una inclusión financiera sostenible, hay lecciones cercanas de gran valor. Bolivia enfrentó un dilema parecido y optó por reforzar reglas sin frenar la inclusión: central de riesgo robusta con reportes oportunos, criterios de calificación uniformes entre instituciones y mecanismos de rehabilitación para reinsertar a clientes con dificultades. El resultado fue un sistema más confiable, con menos sobreendeudamiento y carteras más sanas. 

Una mesa técnica entre reguladores, financieras, gremios y organizaciones del sector permitiría acordar criterios comunes de elegibilidad y de medición de capacidad de pago, con límites claros cuando exista mora activa. Fortalecer la central de riesgo y asegurar intercambio de datos en tiempos casi reales reduciría la opacidad. Un despliegue por fases evitaría frenar el mercado, y programas de rehabilitación impedirían la exclusión definitiva de quienes atraviesan baches temporales.

Beneficios para todos

La experiencia boliviana demuestra que un marco regulatorio fortalecido no solo protege al prestatario, sino que beneficia a todo el sistema. Para los microempresarios, un entorno de crédito responsable significa estabilidad y oportunidades reales de crecimiento. Evitar el sobreendeudamiento les permite mantener su acceso futuro al financiamiento y utilizar el crédito como una herramienta de progreso, no como un peso que los inmoviliza. Para las instituciones financieras, un esquema de mayor coordinación reduce el riesgo de mora y mejora la sostenibilidad de sus carteras. Menos créditos castigados se traducen en mayor solidez operativa y en una competencia más sana, basada en calidad de servicio y acompañamiento, no en la expansión a cualquier costo.

El camino adelante para disipar la zona gris

Fortalecer la inclusión financiera de manera sostenible no requiere empezar desde cero, sino coordinar esfuerzos y actualizar el marco existente. En Bolivia se creó una mesa de diálogo entre reguladores, instituciones, gremios y organizaciones del sector para definir una hoja de ruta común que permitió fortalecer la central de riesgo, mejorar el intercambio de información y establecer criterios unificados de clasificación de riesgo de los clientes.

La experiencia de países como Bolivia muestra que la actualización oportuna del marco normativo es decisiva para evitar que los clientes más vulnerables caigan en circuitos informales, usura o exclusión definitiva. El Salvador ya ha avanzado en inclusión financiera, pero hoy el desafío central es modernizar las reglas que rigen el crédito, de modo que cada institución evalúe riesgos sobre bases comunes y que los prestatarios cuenten con protecciones efectivas frente al sobreendeudamiento. 

Aprovechar las soluciones implementadas en la región —desde centrales de riesgo más robustas hasta criterios unificados de calificación— permitiría cerrar la zona gris que actualmente deja desprotegidos a miles de microempresarios. Actualizar el marco regulatorio no es frenar el crédito, sino garantizar que cada préstamo sea una herramienta real de progreso y no el punto de partida de nuevas vulnerabilidades.