Por: Equipo de Análisis, Observatorio MYPE
El Salvador ha pasado diecisiete años navegando, muchas veces a ciegas, en sus políticas rurales. Con la publicación de los resultados preliminares del V Censo Agropecuario, el país finalmente tiene un espejo menos borroso donde mirar esa otra cara de la economía. Lo que revela no es solo una radiografía de nuestra producción, sino la confirmación de una estructura dual: una industria tecnificada que avanza y una vasta red de microproductores agropecuarios que sobreviven en la periferia de la digitalización y del crédito formal.
En el censo de 2007 se contabilizaban aproximadamente 397,400 explotaciones agropecuarias. Hoy, el Informe MYPE 2025 del Observatorio Mype estima (muy posiblemente subvalorando el volumen) un parque empresarial agropecuario más fragmentado —5.6% del total nacional, unas 49,648 unidades productivas—. Pero detrás de estas cifras late la verdadera columna vertebral de la resiliencia rural que se conoce poco: la economía de patio.
Una economía que se resiste a morir
Uno de los hallazgos más reveladores del nuevo censo es la prevalencia de la “producción de patio”, que aunque disminuida sigue siendo esencial. En 2007, los hogares mantenían más de 8.2 millones de aves de corral. Para 2025, la cifra ha caído a 6,348,277, una reducción del 23.5%, en un contexto de incremento poblacional sustancial. Aunque la producción industrial avícola ha crecido, la capacidad de los hogares para generar su propia proteína ha disminuido.
Aun así, la escala sigue siendo masiva: más de 6.4 millones de animales —aves, cerdos y ganado menor— habitan en los patios de las viviendas. Para el 99.2% de estos productores, personas naturales, el patio es su banco, su despensa y su empleo: un seguro de vida financiero y nutricional frente a la inflación alimentaria. Y según datos del Observatorio MYPE, los empresarios agropecuarios son quienes menos logran trasladar aumentos de costos a sus precios de venta —apenas el 43.6%, frente al 62% promedio del sector MYPE—. La economía de patio no solo alimenta: también absorbe el impacto inflacionario que el productor rural no puede transferir al mercado. Pero la existencia de un parque menor de animales domésticos obliga a cada vez más familias a acudir a efectivo y actividades complementarias comerciales como única forma de subsistir y suplirse de lo básico.
La brecha digital: un techo de cristal rural
El Informe MYPE 2025 destaca una realidad preocupante: el sector agropecuario es el más rezagado tecnológicamente, aspectos que confirma el Censo. El 43.8% de los empresarios declara no utilizar ninguna tecnología en su operación diaria. El 61.9% accede a internet únicamente mediante datos móviles, con velocidades de apenas 5 MB/s —cuando las herramientas digitales de gestión requieren entre 50 y 200 MB/s—. El costo de un servicio mínimo oscila entre US$40 y US$50 mensuales, cifras fuera del alcance de la vasta mayoría.
Lo más alarmante: el 46.4% no percibe obstáculos para digitalizarse, no porque sea fácil, sino porque la tecnología se percibe como algo ajeno a su realidad productiva. Esta “brecha de percepción” es quizás el principal desafío para cualquier política de modernización rural: no se puede demandar aquello que ni siquiera se concibe como posible.
El abismo financiero: la autoexclusión y la garra de la usura
El punto más crítico es la desconexión total con el sistema financiero formal. El 94.8% de los productores pesqueros declaró no haber solicitado ningún crédito formal. Esta cifra no refleja falta de necesidad, sino autoexclusión: el productor, convencido de que será rechazado por requisitos imposibles, ni siquiera intenta acercarse a un banco.
El marco normativo contribuye: la Ley de Bancos no tipifica tratamiento diferenciado por tamaño de cliente, y la exigencia de estados financieros deja fuera a todas las MYPE informales. La regulación juega un rol en esta exclusión, pero no es un impedimento absoluto.
El impacto es devastador. Según el Observatorio Mype de la Escuela LID, se estima que 274,435 microempresarios del sector Mype se autoexcluyen y recurren a prestamistas informales, absorbiendo el 52.8% de un mercado de usura que alcanzó $617.6 millones en 2022. Las tasas efectivas anuales oscilan entre 1,869% y 13,564%, superando más de 20 veces el techo legal del 82.7%. Según el estudio de sobreendeudamiento del Observatorio MYPE, el 79.1% de los microempresarios que desertan del sistema formal ya tienen créditos con prestamistas informales —por urgencias familiares, capital operativo o pago de deudas previas—, configurando un círculo vicioso que condena al productor a una rentabilidad negativa permanente.
Desafíos país
Los hallazgos revelan un rostro de la exclusión poco conocido y plantean posibles escenarios de acción concretos:
1. Rediseño de la oferta financiera. Se necesitan nuevos productos que comprendan los ciclos de la agricultura de subsistencia y simplifiquen la tramitología. La experiencia de Bolivia y Ecuador confirma que la mera prohibición legal de la usura no la erradica sin alternativas formales accesibles.
2. Infraestructura digital rural. Es fundamental una estrategia de banda ancha que permita a la MYPE agropecuaria transitar hacia la gestión digital. Mientras el costo de internet supere los ingresos diarios de un microproductor, la brecha seguirá ampliándose.
3. Protección de la economía de patio. Se necesita fortalecer programas de sanidad animal y asistencia técnica, garantizando que esté activo familiar se sostenga, sea productivo y seguro.
4. Combate a la usura mediante la inclusión. Se requiere desarrollar alternativas formales tan ágiles como el prestamista informal, con tasas justas. Esto implica revisar las normas de calificación crediticia para crear tratamientos diferenciados que reconozcan la realidad de la microempresa y revisar la Ley contra la Usura.
El V Censo Agropecuario nos ha permitido profundizar la comprensión de una realidad que el Informe MYPE 2025 apenas bosquejó. No se trata de un sector del pasado, sino del actor fundamental de nuestra soberanía alimentaria. Reconocerlo es el primer paso para diseñar políticas que estén a la altura de quienes, desde sus patios, todavía sostienen gran parte del país.
